Las elecciones de febrero de 1936 en España fueron fraudulentas

Una de las excusas esgrimidas por la dictadura franquista para justificar la sublevación militar nacional de julio de 1936 en España fue que las elecciones generales realizadas a mediados de febrero de aquel año fueron fraudulentas en el recuento de los resultados.

La cuestión no es fácil de dilucidar, pues el gobierno nunca publicó los resultados en su totalidad y, debido a que la ley electoral era por listas abiertas, no es posible decir cuántos votos obtuvo cada candidatura, pues los votantes podían elegir candidatos de distintas listas para cada uno de los escaños de su circunscripción.

Y siempre que existen vacíos documentales en historia surgen las teorías conspirativas de los distintos sectores ideológicos que se enfrentaron en la Guerra Civil y que parecen no haber tenido suficiente.

¿Qué dicen los historiadores sobre aquellas elecciones?

El análisis que realizó la dictadura franquista sobre las elecciones de 1936 quedó reflejado en el conocido Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936:

“Al realizarse el escrutinio general de las elecciones se utilizó en diversas provincias el procedimiento delictivo de la falsificación de actas, proclamándose diputados a quienes no habían sido elegidos; con evidente arbitrariedad se anularon elecciones de diputados en varias circunscripciones para verificarse de nuevo en condiciones de violencia y coacción que las hacían inválidas; se declaró la incapacidad de diputados que no estaban real y legalmente incursos en ella, apareciendo acreditado también que, como consecuencia de tal fraude electoral, los partidos del llamado “Frente Popular” aumentaron sus huestes parlamentarias y los partidos de significación opuesta vieron ilegalmente mutilados sus grupos...”.

Estas conclusiones se sustentaban en numerosos testimonios realizados por personas que vivieron aquellos acontecimientos en primera persona. El  más reproducido es del entonces presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora que, en sus memorias, hablaba sobre las irregularidades de las elecciones de la siguiente manera:

“Manuel Becerra (...) conocedor como último ministro de Justicia y Trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó un 50% menos las actas, cuya adjudicación se ha variado bajo la acción combinada del miedo y la crisis”.

“... A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados. Resultó la minoría más importante; pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla, consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia...”.

“... Primera etapa: Desde el 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar al fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, la que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del Censo el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden...”.

“... Segunda etapa: Conquistada la mayoría de este modo, le fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias...”.

Aunque es un testimonio muy importante, debemos tener en cuenta que, ni es el único que valoró este asunto, ni su autor fue una persona objetiva. Alcalá-Zamora, a pesar de ser republicano, tenía un hijo casado con una hija de Queipo de Llano (lo que pudo variar su objetividad en el asunto).

Un par de carteles electorales de la campaña electoral española de febrero de 1936

En 1963, Herbert R. Southworth mostró otros testimonios que ponían en duda la versión franquista de estas elecciones.

El primero fue la opinión de José Venegas, quién estudió las elecciones celebradas durante la República en su obra Las elecciones del Frente Popular (Buenos Aires, 1942). Venegas cita diversas declaraciones de Monseñor Gustavo J. Franceschi, quien el 18 de junio de 1936 escribía: «Todas las noticias que llegan de España demuestran que las derechas fueron derrotadas ante todo por sus divisiones internas, su inercia, su tardanza en resolver problemas fundamentales relativos a la vida económica, por la incomprensión de que dieron muestra la mayor parte de sus dirigentes». Después de estallar la guerra la Iglesia tuvo que buscar una justificación para su actitud en favor de los rebeldes y Franceschi contradijo todas sus afirmaciones anteriores a la guerra y sostuvo que las agencias de prensa eran responsables de su error.

Cattell, en su obra Communism and the Spanish Civil War, indica lo siguiente: “En los cinco meses anteriores al comienzo de las hostilidades abiertas, la derecha apenas habló de fraude”. En realidad, la derrota se asumió y se criticó a Gil Robles del fracaso electoral.

Otro importante testimonio es el de Portela Valladares, el primer ministro que «hizo» las elecciones (y las perdió); en septiembre de 1938 decía: «Las elecciones realizadas en febrero de 1936 con todo orden dieron el triunfo al Frente Popular; tengo para afirmarlo la autoridad de haber presidido aquel gobierno. Ni un solo diputado de las tendencias fascistas logró la elección. La gestión electoral fue reconocida por los partidos de la derecha como una legalidad de su derrota. No puede hablarse en justicia de que se falseó el sufragio, porque ello significaría un alegre embuste. Estoy dispuesto a afirmarlo en todo momento, para que la conducta de cada cual quede en su lugar».

Al día siguiente los periódicos recogen ya la victoria del Frente Popular (Datos gobierno Portella Valladares)

Vistas las posturas que defienden el fraude y la legalidad de las elecciones veamos que tienen que decir los historiadores que analizaron los resultados electorales. Primero vayamos con los resultados teóricos:

·        Javier Tussell da un teórico empate a derechas e izquierdas. Según sus estimaciones, en números redondos, 4.650.000 votos para las izquierdas, 4.500.000 para las derechas y 500.000 votos para el centro.

·        Ramón Salas Larrazábal, historiador militar, da como resultado para el Frente Popular 4.430.322 votos y 4.511.031 para las derechas.

·        Salvador de Madariaga reparte el porcentaje de la totalidad de votos emitidos en este sentido: socialistas y comunistas, 1.793.000; izquierda no marxista, 2.512.000; centro, 681.000; derecha, 3.783.601.

·        Hugh Thomas refleja de la siguiente manera los votos emitidos: Frente Popular, 4.176.156; Nacionalistas vascos, 130.000; Centro, 681.047; Frente Nacional, 3.783.601.

·        Gabriel Jackson indica que la Izquierda obtuvo 4.700.000 votos, la Derecha 3.997.000, el Centro 449.000 y los Nacionalistas vascos (concentrados en cuatro distritos electorales) 130.000.

El día 18 ya empiezan a mostrarse los resultados del escrutinio oficial del gobierno

En general, la mayor parte de los historiadores coinciden en mostrar  que los partidos de centro obtuvieron una derrota sin paliativos, mientras que la izquierda y la derecha se repartieron la mayoría de los votos en un virtual empate técnico inclinado ligeramente hacia la izquierda.

Como comenta Paul Preston en su Guerra Civil Española: “Las elecciones celebradas el 16 de febrero dieron una victoria por estrecho margen al Frente Popular en cuanto a votos, pero un masivo triunfo en cuanto a poder en las Cortes”.

En efecto, debido a que las izquierdas se presentaron unidas en el Frente Popular y las derechas hicieron la campaña cada partido por su cuenta el reparto de escaños fue muy negativo para los últimos. La Ley Electoral de entonces favorecía a las mayorías, razón por la cual el Frente Popular  logró un total de 278 escaños del Parlamento y las derechas sólo 130.

Se suele indicar que la representación no era válida, pues si el 47% votó por el Frente popular, un 53% lo hizo en sentido contrario. Pero esta perogrullada no es válida en el sentido de que ese 53% no puede considerarse un frente único (al contrario que el Frente Popular), sino multitud de opciones políticas distintas. El Frente Popular se impuso en 32 circunscripciones y en todas las grandes ciudades, razón por la cual su legitimidad era bastante importante.

Entre los motivos de la victoria del Frente Popular estuvieron: el descenso de la abstención (un 27%, la más baja en todo el periodo republicano), el haber captado, con su programa moderado, muchos votos que en 1933 habían ido al Partido Radical. Y, por último, la CNT, alentada por la amnistía prometida, recomendó a sus afiliados apoyarlo, es decir, no se abstuvo como había ocurrido en 1931 y 1933.

Esto último lo expresó Tussell, en su obra Historia de España del siglo XX: La crisis de los años 30. República y Guerra Civil: “Pórtela Valladares fue consciente por vez primera de la derrota de centro y derecha cuando vio que, en Cádiz, donde los votos de centro y derecha habían crecido algo, los anarquistas, con su voto, habían dado una ventaja considerable al Frente Popular”.

Muchos pueden pensar que las elecciones reflejaron la realidad de dos Españas enfrentadas irreconciliablemente, pero tal como indicó en su día Tussell, esa lectura no es válida:

“En general, da la sensación de que el electorado mostró su predilección, en cada candidatura, por los más moderados aunque también es posible que éstos fueran más indisciplinados. De cualquier modo, la lista de Madrid del Frente Popular quedó encabezada por Besteiro, mientras que el último puesto lo ocupaba Largo Caballero. Es posible, además, que una razón complementaria para el triunfo del Frente Popular resultara, precisamente, de esa condición moderada de su propaganda y de sus candidatos en este momento. Con toda probabilidad los partidos situados en el extremo del arco político partidista acabaron penalizados por el elector. Falange, por ejemplo, apenas obtuvo entre 40 000 y 60 000 votos sobre un electorado de trece millones de personas. Incluso es probable que los comunistas no hubieran obtenido ningún escaño de no haber ido sus candidatos incluidos en las listas del Frente Popular;”.

En Madrid Largo Caballero ocupa el nº 12 de las listas de los 13 diputados logrados

Por tanto, la composición del Parlamento no reflejaba la polarización hacia los extremos tantas veces subrayada. De hecho, comunistas y falangistas seguían siendo minoritarios. El PCE obtuvo 17 escaños, el Bloque Nacional 12 y Falange ninguno. Los partidos mayoritarios fueron PSOE 99 escaños, Izquierda Republicana 87 (+ 38 de Unión Republicana) y la CEDA con 88 escaños. La evolución parlamentaria de las tres legislaturas republicanas no permite pensar que estaban abocadas a una ruptura radical, como ocurriría en julio de 1936.

Un aspecto que se suele olvidar en la composición posterior del gobierno fue que los partidos que formaban el Frente Popular no formaron gobierno conjunto. Azaña formó un gobierno integrado exclusivamente por dos partidos: Izquierda Republicana y Unión Republicana. Como indicó Hugh Thomas en su clásica obra La Guerra Civil Española:

“No todos los partidos que habían integrado la alianza electoral formaban parte del gobierno. En realidad, el gobierno estaba compuesto por republicanos liberales, mientras que su mayoría dependía de las organizaciones de las clases trabajadoras. Esta nunca es una buena fórmula para un gobierno fuerte”.

Por tanto, pensar que el gobierno surgido de las elecciones de febrero de 1936 era un gobierno tendente al comunismo más radical es una auténtica falsedad. Los extremos más radicales de la izquierda ni eran mayoritarios ni estaban en el gobierno, el cual pretendió proseguir el camino que se cortó de raíz en 1933 con la victoria de las derechas.

Respecto al fraude cometido en estas elecciones es interesante leer la siguiente conclusión en Historia política 1875- 1939 (VVAA) Editorial Istmo: “A pesar de la intensidad del enfrentamiento político, la violencia fue relativamente escasa durante el periodo electoral, aunque se produjeron algunos incidentes que provocaron muertes. El fraude fue también reducido: se dio sobre todo en la provincia de Granada, por parte de las derechas, y en algunos lugares de Galicia, por parte del gobierno y de los republicanos de izquierda”.

Extracto del ABC asumiendo con normalidad la mayoría parlamentaria del Frente Popular el 19 de febrero

Respecto al supuesto fraude electoral de aquellas elecciones son varios los historiadores que se muestran en contra de tal afirmación. Os pongo dos opiniones de historiadores bastante opuestos, ideológicamente hablando:

·        Julián Casanova (España partida en dos): En febrero de 1936 hubo elecciones libres y democráticas. (Aquí apuntaría que nuestra visión actual de unas elecciones libres no es la misma que la que tenían en 1936).

·        Stanley Payne (40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil): “En general, las condiciones del sufragio del 16 de febrero fueron buenas y las elecciones, en la mayoría de los casos, libres y justas y, en su momento, no se llegaron a cuestionar sus resultados. Las únicas zonas donde se produjeron notables evidencias de corrupción o coerción fueron Galicia (La Coruña se vio sometida a la manipulación del Gobierno y a la de los republicanos de izquierda) y Granada, donde la derecha dominó por la fuerza las votaciones en ciertas áreas rurales”.

Stanley Payne pone el dedo en la llaga al indicar que “En la primera vuelta del 16 de febrero, la CEDA siguió siendo el partido mayoritario, logrando 101 escaños, pero sus aliados potenciales eran mucho más débiles. Los socialistas obtuvieron 88 escaños y el partido Izquierda Republicana, de Azaña, 79, mientras que el resto de los republicanos de izquierda obtuvieron mejores resultados que los partidos derechistas más pequeños. Gracias a esa ley electoral tan sesgada, el Frente Popular se hizo con el 60 por ciento de los escaños”.

El fraude, en realidad, no estuvo en la victoria del Frente Popular, que fue innegable y reconocida por todos los partidos del momento, sino en la Comisión de Actas encargada de revisar los resultados, pues tras su acción partidista el Frente Popular pasó del 60 al 67% de los escaños (según indica Stanley Payne).

No obstante, tal acción no hubiera significado una victoria de la CEDA, por lo que no cambió el panorama general de las Cortes. Al final, fue como el dicho: “quién reparte se queda con la mejor parte”. La comisión de Actas, dirigida por la izquierda, investigó principalmente las irregularidades cometidas en las zonas donde las derechas ganaron, razón por la cual era lógico cierto reajuste a su favor. Cambiaron de mano 32 escaños en total. Según los datos finales oficiales el Frente Popular se hizo con 263 escaños (17 el PCE) y 156 las derechas (de ellos sólo un fascista).

No quería terminar este largo artículo sin citar de nuevo las palabras de Southworth sobre la importancia de estas elecciones en relación al golpe de Estado posterior:

Los numerosos trabajos aparecidos en la España de Franco sobre los preparativos de la revuelta, indican que algunos de los planes para el alzamiento militar habían comenzado a organizarse incluso antes de la victoria del Frente Popular, y que fueron escasamente condicionados por los desórdenes subsiguientes.

El historiador estadounidense se refiere tanto a carlistas, falangistas (presuntamente preparados desde 1935) y monárquicos (que negociaron con Mussolini desde 1933 ayuda diplomática y militar para llevar a cabo la sublevación militar).

Igualmente, la conspiración militar que dio origen a la sublevación de julio de 1936 “comenzó a actuar semanas antes de las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. El primer movimiento fue la reunión convocada en el domicilio madrileño del general retirado Emilio Barrera nada más conocerse la formación de la coalición electoral, a la que acudieron los generales Emilio Fernández Pérez, Manuel González Carrasco, Luis Orgaz, Miguel Ponte y Rafael Villegas, más algunos miembros de la junta central y de las regionales de la UME. Los reunidos, en su mayoría ligados a la trama alfonsina, acordaron dar un golpe de Estado el miércoles 19 de febrero, en caso de que triunfase el Frente Popular, pero Goded, a quien se le encomendó la tarea, la consideró inviable y el plan se desactivó” (VVAA Los mitos del 18 de Julio. )

Como conclusión personal (yo también tengo una propia) a todo el asunto de la justificación del golpe de Estado en base a la ilegalidad de las elecciones de febrero de 1936 indicaré que tanto las derrotas de 1933 y 1936 tienen algo en común.

En 1933, la derrota de las izquierdas provocó un miedo en los sectores más radicales, pensando que la CEDA destruiría la República e impondría las bases para un estado de corte fautoritario. La Revolución de 1934 llevada a cabo, entre otros, por la facción del PSOE de Largo Caballero, tuvo su justificación “teórica” precisamente en esta teoría. Según los socialistas, el objetivo revolucionario fue simplemente defensivo, pues estaban convencidos de que la CEDA instauraría una dictadura. Como el tiempo mostró después, Gil Robles, líder de la CEDA, estaba mucho más próximo a la legalidad vigente de lo que le presuponían y no estableció ningún régimen autoritario.

Del mismo modo, la victoria de la izquierda en 1936 no significaba el triunfo de la dictadura del proletariado. Estoy convencido de que el gobierno republicano se habría mantenido firme en la legalidad y habría respetado las leyes. Pero, al igual que antaño el PSOE, la CEDA tampoco quiso darle un voto de confianza al nuevo gobierno y conspiró un golpe de estado, en teoría defensivo, contra unos miedos ideológicos imaginarios.

Al final, el miedo al contrario ideológico, no al moderado, sino al radical que se ocultaba en la sombra, fue lo que provocó un nuevo alzamiento contra la legalidad republicana. En esta ocasión no fue la izquierda radical, sino la derecha extremista quién lo organizó, contando con ello con parte de los militares. Si en 1934 la revolución había sido abortada gracias a los militares, en 1936 no pudo cercenarse debido a la complicidad de muchos de ellos. No obstante, como no estaban todos los militares implicados España se partió en dos zonas enfrentadas, llevando el fracaso de la sublevación a la Guerra Civil.

En ella se enfrentaron dos bandos autoritarios, dos ideologías no democráticas, comunismo y fascismo. Ningún bando fue inocente. Todos cometieron atrocidades. Pero esta barbarie se inició debido a un golpe de Estado. De no haber sucedido dudo mucho que en España la democracia hubiese caído tan sangrientamente pues, no lo olvidemos, ni la Falange ni el PCE eran fuerzas políticas mayoritarias ni demasiado influyentes.

Nota agregada tras la aparición del libro: “1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular” Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa (Ed.: Espasa, 2017)

Este libro aporta numerosos datos nuevos tras el estudio pormenorizado de las actas de aquellos comicios, lo que por sí solo ya merece la pena leerlo y recomendarlo para conocer aquellas elecciones. No obstante, debo realizar algunas puntualizaciones que los autores han encubierto o, directamente, tergiversado.

En primer lugar indicar que el fraude electoral no era algo oculto ni poco conocido. En el post dejo constancia de todos los estudios realizados por los especialistas en la cuestión, siendo uno de los pioneros en estudiarlo el gran Javier Tussell.

Aquí quiero hacer un inciso para comentar una frase realizada por Pío Moa respecto a la publicación de esta obra. Es la siguiente: “El fraude seguirá sin reconocido por los historiadores que viven del cuento”. Debo admirar su capacidad de síntesis para mostrarnos de una tacada todo su bagaje histórico. Tal vez, por no ser historiador, desconoce los estudios llevados a cabo por los mismos. Pero en ellos, tal como reproduzco, queda de manifiesto que el fraude era conocido y cuantificado. Lo que no mantienen los historiadores es su particular visión del mismo. Ni la CEDA hubiera obtenido mayoría absoluta ni las elecciones justificaban el Golpe de Estado (ni tampoco la revolución de 1934). Del cuento viven personajes como este, incapaces de sacarse un título oficial de Historiador pero que les encanta sermonear a los mismos con sus partidistas teorías.

En segundo lugar, los autores del presente libro colocan todos los votos fraudulentos a la CEDA, lo que supone una tergiversación histórica. Mientras que las izquierdas, en su totalidad, se presentaron unidas en el llamado Frente Popular, el resto de agrupaciones no hicieron lo mismo: centristas, radicales, conservadores, liberaldemócratas, agrarios, alfonsinos o tradicionalistas no formaban ningún bloque antirrevolucionario con la CEDA.

Por tanto, la conclusión a la que llegan los autores es falsa. No se pueden quitar los votos fraudulentos y dárselos a un supuesto bloque de derechas que no existía. No se puede argumentar que la mayoría absoluta pasó de las derechas a las izquierdas fraudulentamente, pues a pesar de los fraudes la CEDA no habría obtenido mayoría absoluta. Y esto ya se ha estudiado anteriormente y es conocido por multitud de historiadores. Sólo el interés de seguir juzgando aquellas elecciones como el primer enfrentamiento de los actores que luego lucharon en la Guerra Civil puede explicar tal enfoque y conclusiones. Y eso es una tergiversación histórica, pues la República no era comunista ni se habría convertido en una dictadura del mismo signo. Podremos debatir en el ámbito teórico sobre ello, pero ignoramos la certeza de tales teorías al romperse tal Estado el 18 de julio de 1936.

Por último, los autores culpabilizan en última instancia a Alcalá Zamora de permitir el fraude. Un juicio bastante oportunista realizado con la libertad que otorga la visión desde el presente de un suceso acaecido hace 81 años. Debemos tener en cuenta que Portela huyó espantado al conocer la victoria de las izquierdas y que Gil Robles tomó el mismo camino. Azaña era el único que parecía dispuesto a contener tanto a los extremistas del Frente Popular como a hacer frente los cantos de rebelión militar que se escuchaban por doquier. A los primeros parecía empezar a tenerlos controlados en junio de 1936. Con los segundos se equivocó en su confianza. El resto ya es historia conocida.