No me gusta significarme políticamente. Entre otras cosas porque no me considero un hooligan de la política. No me siento identificado con ningún partido político en su totalidad y mi voto varía según las circunstancias y el momento político.
Ahora bien, como ciudadano que combate las mentiras, no puedo dejar pasar la ocasión para indicar lo que hoy en día está ocurriendo en España, lejos de intereses partidistas que confunden y embarran a la población en una lucha frentista.
Sí, hoy toca hablar de la ley de amnistía.
Los hechos
Un gobierno en funciones que, en las últimas elecciones de julio de 2023, fue claramente derrotado, ha aprobado una ley (amnistía) de urgencia con la que logrará mayoría parlamentaria para ser reelegido.
Una ley que, durante la campaña electoral, se afirmó en numerosas ocasiones por parte del PSOE que no era constitucional y que jamás tendría cabida en nuestro ordenamiento jurídico. La hemeroteca, tal como nos mostró el periodista Vicente Vallés, retrata tanto a Pedro Sánchez como a muchos de sus principales ministros.
Esta ley ha sido negociada en un país extranjero con un prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, el cual escapó del país escondido en un maletero tras declarar la independencia de Cataluña de manera unilateral e ilegal según nuestro ordenamiento jurídico.
Está ley, a la que se oponen numerosos agentes (casi la mitad del arco parlamentario representado por los partidos PP y Vox, asociaciones de jueces, de fiscales…), no es anticonstitucional, como muchos se empeñan en afirmar.
La ley de amnistía no es constitucional
Este mantra es lo que la oposición esgrime como intento de evitar lo inevitable. Enervando a la población de manera irresponsable con el objetivo de pervertir los resultados electorales de julio. Luego están las llamadas a una huelga política por parte del partido de Santiago Abascal, sabiendo de antemano que son ilegales. Ahora bien, si se perdonan las ilegalidades de algunos, porqué no las de otros, pensarán. Peligrosa deriva la de escuchar a los sectores más radicales de nuestro arco político.
Sí en algo debemos dar la razón al PSOE es que el gobierno que se formará tras la presumible investidura de Pedro Sánchez será totalmente legítimo. Y eso es así porque en España no gobierna el partido más votado o ganador de los comicios (en este caso el PP), sino el partido que logra mayoría parlamentaria en el Congreso de los diputados. Así de simple y así de injusto, aunque esto último sea una simple opinión personal.
En España, por más que algunos se enteren ahora, no existe una separación de poderes como promulgaba Montesquieu. El poder ejecutivo, elegido en las urnas por el pueblo de manera indirecta y con unas correcciones que pervierten la máxima de una ciudadano = un voto, tiene una influencia decisiva tanto en el poder legislativo (no necesita del Congreso ni del Senado para aprobar leyes) como en el judicial (donde los miembros son elegidos políticamente sin independencia). Por ello, está ley tendrá el encaje constitucional necesario.
Otra cosa diferente es que, moral y éticamente, sea lo correcto.
Aznar, cuando nos metió en la Guerra de Iraq, tenía mayoría absoluta en el Congreso y realizó un acto totalmente constitucional. Ahora bien, eso no significó, tal como nos quieren contar ahora, que la sociedad respaldara esa medida en su amplia mayoría. Los políticos siguen confundiendo mayoría parlamentaria con mayoría de apoyo ciudadano. Y este es uno de los muchos peros que se pueden oponer a los relatos que aparecerán ahora para justificar lo injustificable.
Grosso modo, la ley de amnistía tiene el rechazo directo de los casi 12 millones de españoles, de un total de 24 que votaron en julio a PP y Vox. Pero, además, de los 8 millones que votaron al PSOE, no son pocos los que sienten un profundo rechazo hacia esta ley. Según una encuesta suponen un 40%. Por tanto, al contrario de lo que se indica desde el gobierno, está ley ni representa el deseo de la mayoría de españoles ni está respaldada por una amplia mayoría de ellos. Más bien parece que se aprobará sin llegar a tener el respaldo del 50% de la población (mayoría simple), toda vez que muchos votantes que dieron su voto al PSOE se sienten engañados por lo prometido en campaña electoral sobre este asunto concreto.
Está ley, según palabras de Pedro Sánchez, es necesaria para España y logra una mejor convivencia.
Pero yo no veo que este sea el resultado. Yo veo que el tema catalán, bastante apagado en los últimos años, regresa a primera línea de la palestra política. Enfrentando a españoles de diferentes CCAA que antes no lo estaban. Pues está ley implica una profunda desigualdad entre españoles toda vez que lleva aparejada la condonación de parte de la deuda de Cataluña con el país (aunque se asuman deudas de otras CCAA posteriormente la injusticia será igual, pues no todas deben) y otra serie de prebendas que alejan, aún más, a Cataluña del resto de España.
Yo veo que el poder estatal tiene la potestad de, no solo perdonar, sino eliminar los delitos cometidos por unas personas contra el resto de españoles. Veo una clara diferenciación entre como unos españoles y el resto cumplimos las leyes.
Está ley podrá encajar en la Constitución, pero moralmente significa un clavo más en la tapa con la que se está enterrando a la Carta Magna emanada de la Transición.
Una Constitución que indicaba expresamente, en su artículo 14: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Imagino que este será un artículo más que el poder político ha decidido saltarse por conveniencia, tal como muchos otros que no se respetan.
Cuando se rompen las reglas del juego, es decir, la Constitución, tantas y tantas veces, sólo existe una solución para seguir jugando: realizar unas nuevas que tengan mayoría social.
Enhorabuena, partidos extremistas e independentistas. Habéis logrado vuestro objetivo, derribar el marco jurídico de 1978. Veremos si el siguiente es mejor.
Soy escéptico. Qué le vamos a hacer. Los políticos actuales no me dan ninguna confianza. Esta opinión se la ganan a pulso cada día. Y cuando la sociedad vive en continua desafección respecto al régimen político todos sabemos lo que terminará ocurriendo, para lamento postrero de la mayoría de la población de centro que vive anonadada respecto a lo que actualmente ocurre.
Vuelvo a formular una pregunta que hice antes de las últimas elecciones en este blog: si España vota mayoritariamente centro (16 de 24 millones), ¿Cuál es la razón de que nunca triunfe un partido de centro en nuestro país? Tal vez, el problema no se encuentre únicamente en los radicalismos e independentismo. Tal vez, este bipartidismo alternante emanado del 78 tenga mucho que ver.
Ahí dejo esta reflexión de un ciudadano de centro que, como otrora hizo Manuel Chaves Nogales, ve este duelo a garrotazos entre las dos Españas más nocivas estupefacto y triste.
Hasta la proxima
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