El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín. Fue
la constatación más evidente del desmoronamiento imparable de la URSS, la gran
potencia comunista surgida de los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial.
Pocos meses después se produjo el colapso final, con
el desmembramiento y la independencia de diversas regiones que, hasta la fecha,
habían permanecido controladas por Moscú y su Politburó comunista.
En aquellos años finales del siglo XX, parecía
indudable que el capitalismo había salido ganador de la Guerra Fría que
enfrentó a dos potencias, las cuales veían la manera de organizar las
sociedades de forma totalmente contrapuesta.
Pero las ideas son mucho más difíciles de erradicar
que los imperios físicos. Y muchas de las consignas de la ideología comunista
permanecen inalterables en partidos actuales que, por medio de siglas
novedosas, parecen querer ocultar sus verdaderas intenciones.
Dado que el anterior artículo versaba sobre los
peligros que entraña l ideología de extrema derecha, creo que es apropiado
realizar los mismo con las ideologías situadas justo en el extremo contrario,
la extrema izquierda.
¿Os apetece descubrir algo más?
El uso del chivo expiatorio (scapegoating) y la
instrumentalización de las crisis socioeconómicas e internacionales constituyen
constantes estructurales en las narrativas de la extrema izquierda.
Desde el régimen comunista soviético de Iósif Stalin
hasta el panorama político de España en octubre de 2026, las corrientes
radicales vertebran su acción política mediante la identificación de un enemigo
de clase o de una conspiración imperialista/capitalista a la que atribuyen la
responsabilidad única de los males colectivos.
El presente análisis historiográfico y político
analiza cómo se proyecta este patrón retórico en asuntos de estricta
actualidad: la crisis de la vivienda y las movilizaciones del Sindicato de
Inquilinas, las derivas parlamentarias que desembocaron en el adelanto de
elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, el drama migratorio en
Ceuta y el posicionamiento frente a la guerra de Ucrania.
1. De la deskulakización stalinista
a la insurrección del alquiler (2024–2026)
El proceso de colectivización forzosa y la lucha
contra el desabastecimiento en la URSS exigieron desviar la responsabilidad de
la planificación estatal hacia los kulaks (campesinos propietarios) y
los denominados acaparadores de grano.
El 27 de diciembre de 1929, en la Conferencia de
Agrónomos Marxistas de Toda la Unión en Moscú, Iósif Stalin anunció la liquidación
del kulak como clase:
"Para sustituir al kulak como clase,
debemos romper su resistencia en una batalla abierta y privarle de las fuentes
económicas de su existencia".
Paralelamente, el órgano oficial Pravda
publicaba el 19 de febrero de 1930:
"El kulak es el enemigo mortal del
poder soviético... Son vampiros que se enriquecen con la sangría y la necesidad
de las masas trabajadoras".
La proyección contemporánea en España
(2024–2026)
Un mecanismo idéntico se observa en la retórica de la
extrema izquierda española en el debate sobre la vivienda. La complejidad
macroeconómica se reduce a un conflicto moral entre las víctimas (inquilinos) y
los parásitos rentistas (propietarios y fondos).
Tras el mediático desahucio de una anciana en Madrid
en septiembre de 2026 y las acampadas promovidas por el Sindicato de Inquilinas
en la Puerta del Sol, las organizaciones radicales y sus portavoces
parlamentarios han intensificado la agitación, amenazando con una huelga
general y exigiendo la expropiación directa.
Ione Belarra (Podemos), en un acto público en Madrid
en abril de 2023, ya adelantaba el tono de esta retórica:
"Hay que toparle los pies a los
rentistas, a los especuladores y a los buitres que se están forrando a costa de
la gente trabajadora."
Hacia la primavera y otoño de 2026, ante las
movilizaciones impulsadas por el Sindicato de Inquilinas, los discursos del
activismo afín radicalizaron la deshumanización del pequeño y gran propietario:
"El problema no es la falta de
oferta, sino la existencia de parásitos rentistas que viven del trabajo ajeno.
Si el Estado no interviene, la respuesta está en la huelga de alquileres y la
toma de la calle".
Si bien el mecanismo discursivo de señalar a un
colectivo como responsable único de un problema estructural es análogo, las
causas y los marcos de ejecución difieren sustancialmente. En la Unión
Soviética de 1929, la retórica antiburguesa buscaba legitimar la
colectivización forzosa del campo y enmascarar los desajustes logísticos de la
planificación centralizada. En la España contemporánea (2024–2026), el discurso
responde a una crisis habitacional real, marcada por la escasez de oferta de
alquiler asequible, la inflación y el impacto social de los desahucios
mediáticos.
Asimismo, la escala de las consecuencias plantea una
frontera insalvable: mientras que la deskulakización stalinista se tradujo en
una política totalitaria de Estado que implicó la deportación masiva, la
confiscación violenta y la eliminación física de millones de campesinos, las
demandas del activismo y la izquierda radical en España se dirigen a presionar
las costuras del Estado de derecho y la democracia parlamentaria.
Las medidas exigidas, como topes al alquiler o
expropiaciones de grandes tenedores, se debaten bajo el marco constitucional,
la contestación de los tribunales y la resistencia del propio tejido económico,
operando dentro de las reglas de juego de una democracia occidental y no en un
régimen autocrático de partido único.
Por concluir con este punto me gustaría incidir en el
uso de la simplificación moral como constante. En unos pocos años hemos pasado
del banquero usurero al rentista parásito.
Esta transmutación de un problema estrictamente
macroeconómico en un relato moral de buenos contra malos no constituye
una novedad en el catálogo discursivo de la izquierda radical española; opera
bajo el mismo patrón ensayado durante las crisis bancarias e hipotecarias
previas. En aquellos escenarios, la intrincada red de la crisis financiera
global, las tasas de interés fijadas por el Banco Central Europeo y los riesgos
crediticios asumidos conscientemente por las partes se redujeron al
señalamiento público de la banca como un ente uniformemente malvado y
codicioso. Declaraciones de líderes políticos como las de Ione Belarra
denominando abiertamente como usureros y codiciosos a los presidentes de
las principales entidades financieras sentaron las bases metodológicas de esta
retórica.
La injusticia profunda de este reduccionismo radica en
que ignora las dinámicas técnicas del mercado (como la falta crónica de
vivienda pública, la inflación de los costes de construcción o la inseguridad
jurídica que contrae la oferta) para sustituirlas por una simplificación
populista.
Al igual que el estalinismo culpó al kulak de
los fallos de la planificación estatal de alimentos, y la izquierda radical
culpó a la banca del estallido de la burbuja del crédito, el debate actual
vuelve a desviar las responsabilidades del regulador público. Al personificar
las disfunciones estructurales en un enemigo moral identificable (ayer el
banquero, hoy el mediano o gran propietario), se anula cualquier posibilidad de
un debate técnico racional, sustituyendo las soluciones habitacionales
efectivas por una agitación social basada en la deshumanización del adversario
económico.
2. El boicot parlamentario y el abismo
electoral: El desprecio a las instituciones (1918 vs. 2026)
La relación de la extrema izquierda con la democracia
representativa es puramente instrumental. Cuando el Parlamento no refrenda sus
iniciativas más radicales, la cámara democrática pasa a ser tachada de órgano
al servicio de la oligarquía.
Vladímir I. Lenin disolvió la Asamblea Constituyente
Rusa el 5 de enero de 1918 tras perder las elecciones, argumentando en El
Estado y la revolución (1917):
"Decidir una vez cada cierto número
de años qué miembro de la clase dominante ha de oprimir y aplastar al pueblo en
el parlamento: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués".
La crisis parlamentaria de octubre de 2026
en España
El rechazo en el Congreso de los Diputados de los
decretos sobre la vivienda impulsados con cláusulas extremas provocó un bloqueo
legislativo insostenible. Lejos de asumir el freno democrático como un
contrapeso legítimo del Estado de derecho, la extrema izquierda tildó el
resultado de chantaje burgués y sumisión a los poderes económicos,
trasladando la presión a las calles mediante manifestaciones.
Este clima de polarización y fragmentación abocó al
Gobierno de Pedro Sánchez (unido indisolublemente a la extrema izquierda) a la
disolución de las Cortes Generales el 5 de octubre de 2026 y a la convocatoria
de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre de 2026.
En la narrativa del radicalismo, el adelanto electoral
no se plantea como un ejercicio de concertación, sino como un plebiscito de
urgencia entre el pueblo golpeado y la reacción ultraderechista y
oligárquica. Y, para más drama, el presidente de España, perteneciente al
PSOE, pareció haber comprado este discurso al realizar las siguientes
declaraciones al comunicar el adelanto electoral:
“A la sociedad le indigna ver cómo sus intereses
son pisoteados en el Parlamento [...] Sé que hemos cometido errores.
Quedan muchas injusticias sociales que corregir, muchas metas en servicio
público y vivienda. Lo cierto es que, para hacer más, necesitamos el apoyo de
la gente. Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista
mucho más amplia”.
Al analizar estas palabras, se observa cómo la
retórica gubernamental asume los marcos conceptuales de la izquierda radical en
lugar de defender la soberanía del poder legislativo. Al afirmar que en el
Congreso se pisotean los intereses de los ciudadanos, el discurso
oficial debilita la legitimidad del parlamento democrático, presentándolo no
como el espacio de representación de la soberanía nacional, sino como un
obstáculo burocrático que bloquea la voluntad popular.
La analogía con el planteamiento leninista de 1918 se
hace evidente en la instrumentalización del voto: las elecciones y las cámaras
parlamentarias solo se consideran legítimas si garantizan la hegemonía y la
aprobación automática de los proyectos del Ejecutivo. Cuando el Parlamento
ejerce su función constitucional de control y rechaza una ley, el resultado no
se acepta como un mecanismo normal de una democracia plural. Por el contrario,
se transforma en un agravio moral que exige disolver las cámaras y apelar a un
plebiscito de urgencia con el fin de subordinar las instituciones al proyecto
político de una facción.
Esta erosión del prestigio institucional desde la
izquierda radical resulta analíticamente equivalente, en términos de riesgo
democrático, a las estrategias discursivas de la extrema derecha que buscan
presentar el sistema político actual como una estructura inherentemente
corrupta y degradada.
En ambos extremos del espectro político se observa una
misma finalidad subyacente: deslegitimar los contrapesos del Estado de derecho
y minar la confianza ciudadana en la democracia liberal. Bajo esta lógica
maximalista, la pluralidad parlamentaria y la separación de poderes dejan de
ser garantías ciudadanas para convertirse en estorbos institucionales. El
horizonte implícito en ambas narrativas apunta hacia la desnaturalización de la
democracia, transformando los procesos electorales en meros actos escénicos
destinados a ratificar plebiscitariamente el poder de la facción gobernante.
3. El drama migratorio en Ceuta: Moralina
dialéctica y culpabilización de Occidente
La estrategia de la culpa histórica
El tratamiento de los flujos migratorios irregulares, como
el episodio de tensión vivido en la frontera de Ceuta este pasado verano, es
instrumentalizado por la extrema izquierda no como un desafío logístico, de
seguridad o de cooperación internacional, sino como una prueba de la miseria
moral del capitalismo occidental.
Ante la crisis fronteriza de Ceuta, las corrientes
radicales evitan señalar las vulneraciones de derechos del régimen marroquí o
las mafias de tráfico humano. En su lugar, proyectan la culpabilidad
exclusivamente sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las
instituciones europeas, tal como reflejan los comunicados y manifiestos del
activismo radical ante las crisis de la frontera sur. Una revisión de los
comunicados reales de estas formaciones demuestra cómo la izquierda radical
recurre a una retórica trasnochada y mil veces vista en el pasado:
“Ante lo que está ocurriendo en Ceuta, volvemos a
defender lo básico: migrar no es un delito. Frente al racismo institucional y
los discursos que deshumanizan, respondemos con organización” (Comunicado
oficial de Podemos).
Asimismo, la secretaria general de Podemos, Ione
Belarra, cargó duramente contra el despliegue de las fuerzas de seguridad y el
Gobierno, afirmando que las medidas aplicadas suponían una absoluta falta de
transparencia y una vulneración de derechos en la frontera, llegando
a calificar la situación como una estrategia que convertía a la ciudad autónoma
en una gran cárcel a cielo abierto.
“Miles de personas huyen de la miseria y las
guerras del capitalismo y, nuevamente, la Unión Europea, España y Marruecos
convierten las fronteras en una trampa mortal... mostrando, una vez más, el
verdadero rostro de la llamada Europa fortaleza” (Manifiesto de la Liga
Internacional de los Trabajadores).
“La respuesta del Gobierno ha sido reforzar con el
Ejército y cerrar las fronteras de este enclave colonial... no hay ninguna
diferencia de fondo entre la hoja de ruta que exige la extrema derecha y la que
está aplicando el gobierno”. (Editorial de Izquierda Diario).
Al calificar cualquier control fronterizo de violencia
fascista o violación de derechos humanos, la extrema izquierda
persigue un doble objetivo: deslegitimar las fronteras del Estado-nación y
presentarse como el único actor dotado de superioridad moral frente al resto
del arco parlamentario.
La doctrina leninista del imperialismo y
el desvío de la responsabilidad
Esta estructura discursiva reproduce con exactitud la
lógica de la Guerra Fría y las tesis formuladas por Vladímir Lenin en El
imperialismo, fase superior del capitalismo (1917). Para el comunismo
soviético, cualquier conflicto, hambruna o crisis en el mundo en desarrollo no
se explicaba jamás por dinámicas internas, problemas de gestión local o la
opresión de sátrapas regionales, sino de forma unívoca como el resultado del saqueo
colonial y el militarismo burgués.
El bloque soviético utilizó sistemáticamente esta
narrativa para atacar a las democracias occidentales, tildándolas de inhumanas
y decadentes mientras justificaba u ocultaba las agresiones de su propio bloque
o sus alianzas de conveniencia con regímenes autoritarios.
Hoy, la extrema izquierda aplica el mismo
reduccionismo dialéctico en Ceuta. Al culpar exclusivamente al neocolonialismo
y al racismo institucional de Europa, el análisis contemporáneo
introduce un punto ciego deliberado: exime de toda responsabilidad la
utilización política de los migrantes que realiza la autocracia marroquí y la
lucrativa actividad criminal de las mafias.
La injusticia profunda de esta retórica radica en que
prefiere cronificar el conflicto fronterizo para mantener vivo su relato de
impugnación total al capitalismo de las naciones occidentales, antes que
proponer soluciones de orden, seguridad y cooperación pragmática que protejan
la dignidad humana sin dinamitar la soberanía nacional.
4. La guerra de Ucrania:
"Pacifismo" selectivo e instrumentalización anti-OTAN
En el ámbito internacional, la invasión rusa de
Ucrania ha reactivado los esquemas maniqueos heredados de la Guerra Fría y la
propaganda soviética.
La doctrina estalinista del
"Imperialismo Occidental"
Para el régimen de Stalin, cualquier conflicto bélico
en el que participaran potencias democráticas se leía automáticamente como un
acto de agresión del imperialismo burgués. En su informe al XVIII
Congreso del PCUS (Moscú, 10 de marzo de 1939), Stalin señalaba:
“Las potencias no agresivas están
fomentando una guerra mundial para que otros hagan el trabajo sucio en
beneficio del capital financiero”.
La narrativa de la extrema izquierda ante
Ucrania (2022–2026)
Durante el desarrollo del conflicto ucraniano,
sectores de la extrema izquierda en España han adoptado una postura de pacifismo
asimétrico. Bajo el lema de No a la guerra, su foco de crítica
principal no ha sido la agresión militar del Kremlin, sino la ayuda defensiva
brindada por la OTAN y la Unión Europea a Kiev.
Muestra de ello son las intervenciones parlamentarias
y públicas de la eurodiputada e integrante de Podemos, Irene Montero, quien ha
sostenido reiteradamente que mandar armas supone escalar el conflicto y
que la prolongación de las hostilidades solo beneficia a potencias externas:
“Alargar la guerra es bueno para Putin, es bueno
para Estados Unidos, es bueno para el complejo militar-industrial que hace
negocio, pero es malo para Ucrania [...] Esto solo ha servido para que
el complejo militar-industrial estadounidense se forre a manos llenas con el
dinero de los europeos”.
Esta retórica equipara la víctima (Ucrania) con el
agresor (Rusia) o desplaza la responsabilidad primaria hacia Occidente. Con
ello, la extrema izquierda busca rearmar su base ideológica tradicional
anti-Estados Unidos, presentándose como la única fuerza por la paz en
oposición al belicismo de las élites europeas.
El símil histórico: El pacifismo
instrumental y la inversión de la culpa
Esta retórica equivale conceptualmente a las campañas
de Apoyo a la Paz impulsadas por la Unión Soviética durante la Guerra
Fría a través de organizaciones satélite como el Consejo Mundial de la Paz.
Aquellas iniciativas no buscaban una paz justa ni la retirada de las tropas
agresoras comunistas en los tableros periféricos. Su objetivo real era desarmar
moral y materialmente a las democracias occidentales, promoviendo el
apaciguamiento y obstaculizando el apoyo militar a las naciones agredidas.
Al igual que la propaganda soviética retrataba a
cualquier país que se defendiera con ayuda occidental como un peón del
capitalismo financiero, la extrema izquierda contemporánea disuelve la
soberanía de Ucrania. Al reducir la resistencia de Kiev a un mero diseño
geopolítico de Washington, la retórica radical vacía de legitimidad el derecho
a la legítima defensa de un pueblo invadido. La profunda injusticia de este
enfoque radica en su asimetría moral: bajo la bandera de un pacifismo
abstracto, equipara la responsabilidad del invasor autocrático con la de las
democracias que asisten a la víctima, transformando la oposición a la OTAN en
la prioridad ideológica absoluta, incluso por encima de la justicia
internacional y la soberanía de los Estados libres.
Matriz comparativa historiográfica:
Estructuras discursivas (1918–1939 vs. 2020–2026)
|
Vector de análisis |
Comunismo soviético (Era stalinista y
antecedentes) |
Izquierda radical contemporánea en
España |
|
Gestión de recursos y propiedad |
Deskulakización, requisas de grano y colectivización
forzosa frente al desabastecimiento. |
Propuesta de huelga de alquileres,
expropiación y señalamiento moral al mediano y gran propietario (rentista). |
|
Instituciones y Poder Legislativo |
Disolución de la Asamblea Constituyente
(1918) y subordinación de la soberanía al partido único. |
Deslegitimación del Parlamento ante el
bloqueo de decretos; polarización que aboca al adelanto electoral del 29-N. |
|
Fronteras y política migratoria |
Discurso del «sabotaje capitalista» en
los límites soviéticos para justificar el control hermético. |
Culpabilización unívoca al «racismo
institucional» de la UE/España y omisión de las acciones de Marruecos o las
mafias. |
|
Conflictos bélicos internacionales |
Doctrina del imperialismo occidental:
el capital financiero como único beneficiario e instigador de las guerras. |
Pacifismo asimétrico: oposición al envío de armas
defensivas a Ucrania y señalamiento prioritario a la OTAN. |
|
Estrategia y narrativa de movilización |
Agudización de la lucha de clases para
legitimar de forma permanente la dictadura del proletariado. |
Populismo de resistencia («pueblo
contra oligarquía y reacción») como eje central de la movilización electoral. |
El debate contemporáneo: ¿Evolución
democrática o persistencia dogmática?
Llegados a este punto del análisis, es preciso
constatar que la interpretación sobre la naturaleza de la izquierda radical
actual mantiene dividida a la ciencia política.
Por un lado, corrientes sociológicas y defensores de
estas plataformas sostienen que las nuevas siglas no buscan ocultar intenciones
totalitarias, sino dejar atrás el dogmatismo del bloque soviético para conectar
con las urgencias del siglo XXI, tales como la precariedad laboral, el cambio
climático y la redistribución de la riqueza. Desde esta perspectiva defensiva,
sus propuestas de intervención económica o movilización callejera no
perseguirían la abolición del sistema democrático, sino su radicalización
positiva mediante la ampliación de los derechos sociales frente a los excesos
del capitalismo global.
Sin embargo, el examen de los datos, las declaraciones
institucionales y la retórica empleada en los conflictos analizados da la razón
a la perspectiva crítica y liberal. Más allá de la renovación estética y
discursiva adaptada a los nuevos tiempos, la persistencia de los mecanismos del
chivo expiatorio, la simplificación moral y la deslegitimación de los
contrapesos parlamentarios desmienten una ruptura real con la matriz
metodológica del siglo XX. El riesgo sustancial no radica únicamente en la
inviabilidad de sus recetas económicas, sino en la importación de una lógica de
confrontación que tensiona el pluralismo político.
Conclusiones
A fecha de finales de octubre de 2026, el examen
comparado evidencia que las corrientes radicales de extrema izquierda continúan
empleando las mismas herramientas metodológicas que el comunismo del siglo XX:
1.
Construcción de una realidad
maniquea: Toda crisis interna (alquiler, inflación) o externa
(Ucrania, migración en Ceuta) se despoja de sus causas técnicas complejas. Se
reduce a un enfrentamiento moral preconcebido entre opresores y oprimidos,
sustituyendo el análisis riguroso por la deshumanización dialéctica del
adversario.
2.
Instrumentalización del malestar
social: Las tensiones legítimas del mercado inmobiliario y
los desahucios mediáticos se canalizan hacia el descrédito de las
instituciones. En lugar de buscar reformas de consenso, se promueve el
cuestionamiento directo de las costuras del sistema judicial y parlamentario.
3.
Asimetría y sesgo geopolítico:
En la política exterior (Ceuta y Ucrania), se aplica una inversión de la culpa
que exime de responsabilidad a regímenes autocráticos o redes criminales. El
reproche ético se concentra unívocamente en las democracias occidentales y sus
alianzas de seguridad, reactivando los viejos esquemas de la propaganda
soviética.
4.
Provocación de la inestabilidad
institucional: El rechazo crónico a la moderación
política y al contrapeso legislativo conduce inevitablemente al colapso de las
mayorías. Este bloqueo aboca al país a un adelanto electoral de urgencia
(29-N), un escenario en el cual la extrema izquierda busca rentabilizar la
polarización en las urnas presentándose como el único dique de resistencia del pueblo
frente a la reacción.
En definitiva, la vigencia de estos mecanismos en el
debate político actual demuestra que el verdadero riesgo de los populismos
radicales no reside en sus fines declarados, sino en su método: la erosión
sistemática de los pilares del Estado de derecho liberal en favor de una
agitación social permanente.
Os dejo el archivo en PDF para una mejor descarga, consulta y poder compartirlo.
Hasta la próxima
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