Una de las puntas de lanza de la extrema derecha para
avanzar en el apoyo social versa sobre la criminalización al inmigrante. Dada su
ideología nacionalista y excluyente, resulta lógica la idea de utilizar a las
minorías como chivo expiatorio para explicar problemas complejos de las
sociedades modernas.
Al amparo del intenso debate global sobre los flujos
migratorios hacia Europa, muchos partidos de derecha radical están alcanzando
cuotas de poder impensables hace unos pocos años.
En el siguiente artículo voy a realizar un repaso
histórico para analizar las raíces ideológicas de estos discursos, demostrando
cómo sus estrategias de comunicación y señalamiento difieren muy poco de
retóricas del pasado que causaron graves quiebras democráticas en la sociedad
occidental.
Sentaos relajadamente frente a la pantalla, pues
tenéis en vuestras manos un documento largo en donde abordaré los problemas
actuales bajo el prisma de las similitudes con el pasado reciente.
Un artículo que pretende remover conciencias, abrir
los ojos adormecidos y crear un sano debate sobre hacia donde queremos dirigir
nuestra sociedad.
¿Os interesa el tema?
A lo largo de la historia moderna, las épocas de
incertidumbre económica, transformación social o crisis institucional han
compartido un rasgo recurrente en la comunicación política: la identificación y
estigmatización de un grupo minoritario o marginal al que se atribuye la
responsabilidad de los males colectivos.
Este mecanismo, conocido en la sociología política
como la creación del chivo expiatorio, permite simplificar problemas sistémicos
complejos (como la precarización laboral, la presión sobre los servicios
públicos o los problemas de seguridad ciudadana) ofreciendo una explicación
unifactorial y una respuesta emocional.
Durante la década de 1930, el régimen
nacionalsocialista en Alemania articuló una de las maquinarias de propaganda
más sistemáticas del siglo XX. Si bien el componente biológico y racial
constituía la columna vertebral de su ideología, la eficacia de su mensaje
entre la población dependió en gran medida de argumentos de carácter
socioeconómico y de orden público. La propaganda de la época retrataba al
colectivo judío bajo dos ejes fundamentales: como un agente de
desestabilización económica que consumía los recursos del Estado sin aportar al
esfuerzo común, y como una amenaza latente para la seguridad y la convivencia
social.
Siete décadas después del fin de la Segunda Guerra
Mundial, y en un contexto democrático e institucional radicalmente distinto,
diversos movimientos y partidos de extrema derecha en Europa (incluyendo España)
han reactivado esquemas analógicos en su discurso público. Prescindiendo del
lenguaje biologicista explícito (improbable de sostener en el debate público
contemporáneo), las nuevas narrativas centran su foco en la población migrante
y los refugiados.
A través del análisis de declaraciones públicas,
carteles publicitarios y discursos parlamentarios recientes, este artículo
examina la continuidad estructural de estos marcos narrativos.
Se analizan dos dimensiones centrales: el ámbito
económico, donde el migrante es presentado como un competidor desleal o un
abusador de los recursos del bienestar social (chauvinismo del bienestar)
y el ámbito de la seguridad, en el que se recurre a la generalización delictiva
y a la metáfora de la invasión para apelar al miedo y justificar medidas
de excepción.
El objetivo no es equiparar contextos históricos
distantes, de manera anacrónica, sino identificar cómo perviven y se adaptan
las técnicas retóricas de estigmatización en el debate político actual.
El marco económico: Del parásito social al
abuso de los recursos públicos
Uno de los pilares fundamentales para lograr la
adhesión social ante discursos de exclusión es la aparente legitimación
económica. Cuando una sociedad atraviesa periodos de inflación, estancamiento
salarial o presión fiscal, el malestar acumulado suele ser encauzado hacia
colectivos vulnerables mediante una narrativa de competencia desleal y expolio.
En este terreno, la estructura del discurso del nacionalsocialismo de los años
treinta y la de las formaciones de extrema derecha contemporáneas comparten una
misma lógica: presentar la economía del bienestar como un juego de suma cero
donde la presencia del otro empobrece activamente al nativo.
Durante la República de Weimar y la posterior
consolidación del Tercer Reich, el aparato propagandístico nazi articuló una
retórica que acusaba a la población judía de consumidora improductiva de la
riqueza nacional. La metáfora del parásito (Schmarotzer) no cumplía
únicamente una función deshumanizadora, sino también una función económica
explicativa frente a las secuelas de la Gran Depresión.
Adolf Hitler formalizó esta visión en Mein Kampf
(Múnich, 1925), donde caracterizó al colectivo no como un participante de la
vida productiva, sino como un elemento explotador:
“El judío no ha sido jamás un nómada, sino
siempre un parásito en el cuerpo de otros pueblos [...] Su propagación por el
mundo entero es una característica propia de los parásitos; siempre busca un
nuevo terreno de alimentación para su raza”.
Años más tarde, con el régimen plenamente instalado,
esta narrativa se tradujo en la justificación de medidas de desposesión
económica. En su discurso ante el Reichstag el 30 de enero de 1939 en Berlín,
Hitler apeló explícitamente a la escasez de recursos para legitimar la
expulsión y confiscación de bienes:
“El pueblo alemán no tiene el menor deseo
de dejar que sus recursos sean explotados por un pueblo extranjero [...]
Nos encontramos en una lucha por la supervivencia en la que no podemos
permitirnos mantener a quienes no producen para la comunidad nacional”.
El núcleo del argumento nazi residía en presentar a la
minoría como un actor que saturaba las arcas públicas y arrebataba el
pan al trabajador alemán sin aportar un esfuerzo equivalente.
En el debate político europeo actual, la retórica
prescinde de la jerga biológica, pero adopta el concepto sociológico conocido
como chauvinismo del bienestar (welfare chauvinism): la tesis de que los
servicios sociales, las ayudas públicas y las pensiones deben reservarse de
forma exclusiva para los nacionales, bajo la premisa de que la población
migrante los agota o distorsiona.
En España, esta estrategia comunicativa tuvo uno de
sus exponentes más claros durante la campaña para las elecciones a la Asamblea
de Madrid en abril de 2021. La formación Vox instaló un cartel publicitario en
la estación de cercanías de Sol con la siguiente proclama:
“Un MENA: 4.700 € al mes. Tu abuela: 426 €
de pensión/mes”.
Más allá de la falsedad técnica de las cifras (que
cotejaban el coste operativo del mantenimiento de plazas en centros de tutela
autonómicos con el importe de una pensión no contributiva), la estructura del
mensaje rescataba el mismo mecanismo retórico: contraponer directamente la
supervivencia o dignidad del ciudadano nativo golpeado por la crisis con el
supuesto coste desorbitado de la asistencia a un colectivo extranjero.
En los últimos años, Vox ha refinado su narrativa
económica transitando de la propaganda electoral agresiva a iniciativas
legislativas y declaraciones de programa que buscan condicionar el acceso al
Estado de bienestar. El 16 de abril de 2026, durante la moción del Grupo
Parlamentario Vox sobre la implantación de la Prioridad Nacional, el grupo
defendió lo siguiente:
“Ante recursos públicos limitados y la
asfixia del contribuyente español, las ayudas sociales, las viviendas de
protección pública y la asistencia no urgente deben priorizar de forma directa
a los nacionales frente a quienes acaban de llegar”.
Este planteamiento formaliza el chauvinismo del
bienestar. Se asume que el sistema de protección social es un recurso
estático del que los migrantes se benefician sin haber cotizado, justificando
la exclusión como un acto de justicia distributiva para el ciudadano
autóctono.
Y, en el programa Económico y de Vivienda de Vox,
presentado a finales de 2025, declaraban lo siguiente:
“Es una mentira repetida por la izquierda que los
inmigrantes pagan las pensiones o salvan nuestro Estado de bienestar. Al
contrario, la llegada masiva no cualificada abarata los salarios de los
trabajadores españoles y satura los servicios públicos que todos pagamos”.
La lógica subyacente sostiene que la minoría
extranjera no aporta valor al tejido económico, sino que es un factor de
empobrecimiento y degradación de los derechos adquiridos por los nativos.
Sin embargo, esta premisa choca de manera frontal con
los datos de los organismos de control financiero y estadístico. Lejos de
saturar el sistema o deprimir el mercado de consumo, los estudios sobre
economía aplicada reflejan que la población migrante no solo sostiene pilares
fundamentales del sector servicios mediante mano de obra activa, sino que
dinamiza la demanda interna a través del consumo regular de bienes, impactando
directamente en la recaudación fiscal vía impuestos indirectos y contribuyendo
netamente al balance de la Seguridad Social.
Según los análisis publicados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y un informe
macroeconómico de Funcas, la población extranjera es el principal motor de la
economía española. Específicamente, casi tres cuartas partes (el 73.9%) del
crecimiento económico de España entre 2018 y 2025 se explican por la aportación
de la población inmigrante.
A nivel europeo, BBVA Research constata que la
inmigración aportó de manera directa el 40% del crecimiento del PIB de toda la
Unión Europea entre los años 2022 y 2025.
Informes del Real Instituto Elcano determinan que la población
inmigrante ya constituye más del 23% de toda la población ocupada en España.
Además, la fuerza laboral extranjera absorbió prácticamente el 90% de todo el
empleo neto creado en el país entre principios de 2024 y el primer trimestre de
2025.
Los datos oficiales de la Seguridad Social cerraron a
mediados de 2026 con un hito sin precedentes: 3,446,178 afiliados extranjeros
cotizando de forma activa. Este incremento se consolidó gracias al afloramiento
de empleo sumergido derivado de los procesos de regularización.
Por tanto, al contrario de la premisa que sostiene que
los inmigrantes saturan o empobrecen el sistema, la entrada masiva de
trabajadores en edad activa (el 80% de los llegados están en edad de trabajar)
estimula el consumo regular de bienes cotidianos, alimentación, vivienda y
ocio. Esto alimenta directamente la recaudación de impuestos indirectos como el
IVA. Asimismo, los análisis macroeconómicos indican que la incorporación de
esta mano de obra ha contribuido a contener la escalada de precios (inflación)
y a cubrir más de 156.000 vacantes de empleo que los nativos no ocupaba.
No quería acabar este punto sin realizar una mención a
la instrumentalización del drama de la vivienda por parte de Vox.
En el contexto español contemporáneo, la emergencia
habitacional, caracterizada por la escasez de oferta, la escalada de los
precios de alquiler y la presión de fondos inversores, ha sido objeto de una
profunda manipulación discursiva por parte de Vox.
El trágico impacto mediático derivado del desahucio de
ancianas vulnerables (como el emblemático caso de Maricarmen Abascal en Madrid,
desahuciada por un fondo tras una subida abusiva de la renta) fue rápidamente
instrumentalizado para desviar la atención de la especulación inmobiliaria y
dirigirla hacia un encuadre xenófobo.
A través de consignas virales en redes y declaraciones
institucionales donde se deslizaban frases como “si se llamara 'Moro-Carmen'
tendría un piso pagado por el Estado”, la extrema derecha recurre a una
clara falsa equivalencia. Se oculta deliberadamente que el problema de acceso a
la vivienda responde a dinámicas del mercado libre, la inacción de políticas
públicas y la especulación de grandes tenedores, sustituyendo ese diagnóstico
complejo por la falsa narrativa de que los inmigrantes agotan el parque de
vivienda social y gozan de privilegios frente a los ancianos o jóvenes nativos.
Al igual que en la década de 1930, un problema económico de carácter
estructural es presentado mendazmente como un despojo de derechos nacionales
perpetrado por el extranjero con la complicidad del Estado.
Este discurso polarizador logra desplazar el foco del
debate público, arrastrando a la ciudadanía hacia trincheras ideológicas donde
los sectores enfrentados discuten en términos de identidad y agravio
comparativo, en lugar de auditar las deficiencias del sistema inmobiliario. La
verdadera victoria cultural de Vox no radica únicamente en la imposición de sus
propuestas electorales, sino en su capacidad para erosionar el análisis
racional y objetivo de los problemas complejos, sustituyendo el debate sobre las
carencias del Estado del bienestar por una confrontación directa entre los
eslabones más vulnerables de la sociedad.
Este esquema general de criminalización económica trasciende
las fronteras españolas y constituye una constante en la extrema derecha
europea. En Francia, Jordan Bardella, presidente de Rassemblement National,
expresaba un argumento similar durante el congreso de su partido en Perpiñán el
6 de noviembre de 2022:
“Francia no puede seguir siendo el cajero
automático del mundo. Es hora de poner fin a un sistema de subsidios que premia
la inmigración ilegal a costa de los contribuyentes franceses”.
Asimismo, en los Países Bajos, Geert Wilders y su
Partido por la Libertad (PVV) han articulado gran parte de sus propuestas en
torno al lema “Primero los holandeses”, señalando de forma recurrente en
el Parlamento neerlandés que la crisis de acceso a la vivienda pública o la
saturación sanitaria no responden a fallos de planificación estatal, sino al
ingreso de solicitantes de asilo e inmigrantes que roban el turno a los
ciudadanos nacionales.
En Estados Unidos, Donald Trump ha combinado la
acusación de que los inmigrantes roban empleos con la afirmación de que
colapsan los programas federales de asistencia, utilizando un lenguaje
hiperbólico muy característico. Por ejemplo, en el mitin del 13 de septiembre
de 2024 afirmó lo siguiente:
“Si permites que millones de personas sigan
entrando por la frontera, la Seguridad Social va a colapsar. El Medicare va a
colapsar. Van a destruir el sistema de salud y de pensiones de los
estadounidenses porque están usando nuestros recursos sin haber pagado un solo
centavo”.
De esta forma tan sibilina Trump canaliza la ansiedad
de los jubilados y la clase trabajadora sugiriendo que la quiebra de las
prestaciones estatales no se debe al envejecimiento demográfico o a las
políticas fiscales, sino a la invasión de beneficiarios no autorizados.
Su retórica llegó al culmen en 2025 con la Orden
Ejecutiva y Memoria Presidencial para "Prevenir que los inmigrantes
ilegales obtengan beneficios del Estado y de la Seguridad Social". Esta
acción institucionalizó la figura del extranjero usufructuario. A pesar
de que los estudios económicos muestran que gran parte de la población migrante
(incluso la indocumentada) paga impuestos sobre las ventas o cotizaciones a
través de identificadores fiscales sin poder cobrar retornos, el discurso
oficial los encasilla únicamente como receptores parasitarios de fondos
públicos.
Al analizar ambos periodos, se observan tres dinámicas
comunicativas idénticas en el plano económico:
1.
La falacia del coste cero frente a la
contribución nula: En ambas narrativas se invisibiliza de
forma sistemática la aportación del colectivo cuestionado (sea el trabajo
productivo en los años 30 o la contribución fiscal y en cotizaciones de los
trabajadores migrantes en la actualidad), retratándolo como un mero receptor
neto de asistencia.
2.
La falsa disyuntiva social: Se
establece un dilema moral artificial entre la atención al ciudadano nativo y la
garantía de derechos básicos a la población extranjera, sugiriendo que la
mejora de las pensiones, la sanidad o la educación depende directamente de la
restricción o eliminación de ayudas al migrante. Con el falso argumento de “no
hay suficiente para todos” se excluye a una minoría débil para hacer más precaria
su delicada situación.
3.
Externalización del problema
sistémico: Frente a crisis complejas como la inflación, el
encarecimiento de la vivienda o el envejecimiento demográfico, el discurso
enfoca la atención en el eslabón más débil, ofreciendo una solución
simplificada de rápido impacto emotivo. En lugar de reformas estructurales o
tributarias, la solución a la crisis de los servicios públicos se reduce a
negar la cobertura a los no nativos.
El marco de la seguridad: De la criminalidad
de sangre a la invasión delictiva.
El segundo eje fundamental en la construcción retórica
del enemigo interno opera sobre la emoción del miedo: la percepción de
amenaza a la integridad física, al orden público y a la soberanía nacional.
Para lograr que una sociedad acepte la restricción de derechos o el
endurecimiento de medidas excepcionales hacia un colectivo minoritario, es
preciso presentar a dicho grupo no solo como una carga económica, sino como una
fuente activa de peligro e inseguridad.
Tanto la comunicación del nacionalsocialismo en la
década de 1930 como los discursos contemporáneos de la extrema derecha recurren
a tres técnicas sociolingüísticas clave: la generalización delictiva (atribuir
a todo el colectivo la responsabilidad de delitos individuales), el uso de
metáforas bélicas o de catástrofe natural (invasión, avalancha) y la asociación
sistemática entre inmigración e infracción penal.
Durante el ascenso y consolidación del Tercer Reich,
el aparato de propaganda dirigido por Joseph Goebbels articuló una narrativa
constante que vinculaba a la población judía con el crimen organizado, la
corrupción moral y la desestabilización del orden urbano. Esta estrategia
buscaba presentar las medidas persecutorias no como una agresión ideológica,
sino como un acto legítimo de autodefensa ciudadana y restauración de la ley.
El 30 de noviembre de 1933, en un discurso en Berlín
con motivo de la promulgación de nuevas leyes de seguridad y orden público,
Joseph Goebbels recurrió a la generalización criminal para justificar el
control estatal:
“El elemento judío es
disproportionadamente responsable de la criminalidad de las grandes ciudades,
de la prostitución y de la estafa financiera. No estamos atacando a una
religión, nos estamos defendiendo contra la delincuencia organizada que amenaza
el orden público alemán”.
Posteriormente, durante el congreso del NSDAP en
Núremberg el 13 de septiembre de 1935, previo a la proclamación de las Leyes de
Núremberg, Adolf Hitler reforzó este marco de emergencia apelando a una
supuesta pérdida del control de las calles:
“No podemos tolerar por más tiempo que se
ponga en peligro la seguridad y el honor de nuestro pueblo por culpa de
elementos extranjeros que traen el caos a nuestras calles y destruyen nuestra
convivencia”.
En ambos casos, la técnica retórica consistía en
aislar casos delictivos o especulativos para proyectarlos sobre la totalidad de
la minoría, construyendo la sensación de que la nación vivía bajo un estado de
asedio constante por parte de criminales impertérritos.
En el debate político actual de Europa y Estados
Unidos, la retórica sobre la seguridad sustituye el marco racial explicito por
el concepto de la incompatibilidad cultural y la criminalidad importada. Se
abandona la perspectiva de la inmigración como un fenómeno socioeconómico o
migratorio complejo para definirla prioritariamente como una amenaza a la
seguridad nacional o una invasión descontrolada.
En España, las intervenciones públicas de Vox
relacionan de forma sistemática la llegada de personas migrantes con el aumento
de la tasa de delitos, empleando con frecuencia léxico militar e impreciso
sobre la delincuencia.
Durante una sesión plenaria en el Congreso de los
Diputados (Madrid), el 9 de octubre de 2024, el líder de Vox, Santiago Abascal,
interpeló al Gobierno en los siguientes términos:
"Usted es el responsable de una
catástrofe en nuestras costas, en nuestras calles y en nuestros barrios [...]
Esa es la realidad de la inmigración, o sea, de la invasión islamista."
A esta apelación al término invasión se suma la
exigencia constante de deportaciones masivas ante cualquier infracción penal.
En declaraciones posteriores ante los medios en Madrid (julio de 2025), la
formación argumentaba:
“Los barrios populares que antes eran
tranquilos se han convertido en zonas de no derecho por culpa de la inmigración
ilegal descontrolada. Todo extranjero que cometa un delito en suelo español
debe ser expulsado de inmediato sin contemplaciones”.
El mecanismo discursivo omite los factores
socioeconómicos o las estadísticas oficiales sobre la criminalidad para
establecer una relación causal directa y unívoca entre el origen nacional o la
situación administrativa de una persona y su propensión a delinquir.
Como en el caso de la economía, cuando analizamos los
datos estadísticos, el castillo de naipes formado por Vox se derrumba
estrepitosamente.
Según la Estadística de la Población Condenada del
INE, en España la inmensa mayoría de las infracciones penales son cometidas por
ciudadanos nativos. El 71.4% de todas las personas condenadas con sentencia
firme en el país son de nacionalidad española.
Criminólogos y estudios de universidades españolas
(como el análisis de la Universidad de Salamanca) demuestran que, en términos
absolutos, el comportamiento delictivo es marginal en ambos grupos: solo
aproximadamente un 0.35% del total de la población extranjera comete delitos
frente al 0.1% de la española. Esto demuestra que la inmensa mayoría de los
migrantes (más del 99%) no infringe la ley.
El INE resalta que el perfil estándar de la persona
que delinque en España es hombre, joven y de rentas bajas. El fenómeno
migratorio hacia España está compuesto demográficamente de manera
desproporcionada por hombres jóvenes en edad activa. Al comparar estadísticamente
a un inmigrante joven y de bajos recursos no se le debe comparar con el
promedio de la población española (que incluye a jubilados, niños y clases
medias), sino con españoles del mismo rango de edad, sexo y nivel de
vulnerabilidad económica. Al homogeneizar estas variables, la diferencia
estadística por nacionalidad se disuelve, demostrando que el factor
determinante no es el origen o la religión, sino la exclusión social y la
pobreza. Precisamente, lo que Vox quiere instaurar entre la minoría inmigrante.
Nuevamente, dados los acontecimientos recientes, resulta
imperativo analizar brevemente el impacto de los acontecimientos recientes en
Ceuta, específicamente la crisis fronteriza del 31 de julio de 2026.
La posición fronteriza de Ceuta y Melilla constituye
el laboratorio preferido de la extrema derecha española para azuzar el pánico
sobre la seguridad nacional y la soberanía.
Ante crisis migratorias o episodios de tensión
fronteriza, donde coinciden la vulnerabilidad humana, el uso político de la
migración por parte del Reino de Marruecos y la falta de recursos de acogida,
Vox capitaliza el conflicto traduciéndolo en una narrativa de invasión
hostil y violenta.
El discurso de la formación omite de forma sistemática
el contexto geopolítico, el derecho internacional de asilo o las condiciones
socioeconómicas de los migrantes para encasillar cada llegada masiva como un ataque
planificado a la integridad de España.
Esta instrumentalización descansa en medias verdades:
se toma el dato real de una presión migratoria puntual para construir la
mentira de una ocupación inminente o la pérdida de soberanía de los
barrios. Mediante el uso deliberado de una jerga de tintes prebélicos (hordas, sustitución,
reconquista), se busca generar un estado de alarma social constante que
legitime la militarización total de la frontera, la suspensión de derechos
fundamentales y la criminalización colectiva del migrante, imitando de nuevo la
estrategia de conmoción y miedo que el nazismo empleó para imponer el orden de
excepción.
El éxito de este encuadre radica en su capacidad para
anular la discusión sobre las complejas relaciones diplomáticas y la gestión
humanitaria internacional, sustituyéndola por una lógica de trinchera
estrictamente identitaria.
Al simplificar un desafío geopolítico y convertirlo en
un dilema existencial de supervivencia nacional, la extrema derecha no solo
monopoliza el debate emocional, sino que arrastra a la opinión pública a un
estado de hostilidad permanente. La victoria de Vox en este escenario no consiste
en ofrecer una solución real a la frontera, sino en conseguir que la sociedad
perciba una crisis de gestión humanitaria y diplomática como una agresión
militar inminente, legitimando así el desmantelamiento de los consensos
democráticos en favor de un autoritarismo de defensa.
Por terminar con este punto, debo indicar que las
tesis de Vox no difieren en absoluto de otros partidos de extrema derecha foráneos.
Este mismo marco de importación del crimen es utilizado ampliamente por
otros partidos del arco parlamentario europeo y en la política estadounidense.
En Alemania, tras la controversia generada por las
discusiones sobre repatriación y migración a principios de 2024, la colíder de Alternativa
para Alemania (AfD), Alice Weidel, declaró en Essen el 18 de enero de 2024:
“La inmigración descontrolada no es
integración, es la importación masiva de delincuencia. Quienes traen el crimen
a nuestros barrios han perdido todo derecho a estar aquí y deben ser devueltos
a sus países de origen de inmediato”.
Por su parte, en Estados Unidos, Donald Trump ha
llevado la metáfora de la invasión delictiva a su cota más explícita.
Durante un mitin en Aurora (Colorado) el 11 de octubre de 2024, afirmó:
“Estamos siendo invadidos por los
criminales más violentos del mundo [...] Están tomando
nuestros pueblos y ciudades y destruyendo el tejido de nuestro país”.
Análisis comparativo de la retórica sobre
seguridad
|
Estrategia
Comunicativa
|
Discurso
Nazi (Años 30)
|
Discurso
de Extrema Derecha Actual
|
|
Metáfora
dominante
|
"Infiltración",
"caos en las calles", "sabotaje".
|
"Invasión",
"sustitución", "barrios inseguros".
|
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Causalidad
criminal
|
La criminalidad
es inherente al grupo estigmatizado.
|
La delincuencia
es un producto directo de la llegada de migrantes.
|
|
Solución
planteada
|
Leyes de
excepción, desposesión de derechos, expulsión.
|
Deportación
masiva, cierre militar de fronteras, retirada de asilo.
|
|
Emoción
apelada
|
Miedo a la
pérdida del orden y a la humillación nacional.
|
Miedo al delito
violento y a la pérdida de la identidad urbana.
|
La construcción del mito conspirativo: Del
bolchevismo judaico al Globalismo y la Gran Sustitución.
Tanto el discurso socioeconómico como el de seguridad
adquieren su máxima eficacia emotiva cuando se integran dentro de una teoría de
la conspiración omnicomprensiva. Ni el nazismo ni la extrema derecha
contemporánea presentan los fenómenos de los que se quejan como procesos
sociológicos o históricos aleatorios; ambos los explican como la ejecución de
un plan deliberado orquestado desde las sombras por élites supranacionales o enemigos
ocultos para destruir la soberanía de la nación.
En la propaganda nacionalsocialista, la figura del
judío no solo era la de un delincuente común o un parásito económico local,
sino la del cerebro en la sombra tras los grandes males geopolíticos de la
época. Para cohesionar discursos contradictorios, la ideología nazi unificó en
un solo chivo expiatorio a las altas finanzas capitalistas y al movimiento
comunista internacional, acuñando los conceptos de la conspiración
judeo-masónica y el judeo-bolchevismo.
Joseph Goebbels expuso con claridad esta visión
conspirativa durante su discurso en el Congreso del NSDAP en Núremberg el 10 de
septiembre de 1936:
“El bolchevismo no es una teoría política
nacida del pueblo, sino una conspiración internacional dirigida por el judaísmo
internacional para destruir la cultura europea y someter a las naciones
soberanas al dominio de una élite oculta”.
Mediante este marco, el régimen nazi ofrecía una
respuesta simplificada pero totalizadora: cualquier huelga, crisis bancaria o
tensión geopolítica no respondía a factores estructurales, sino a la ejecución
metódica de un plan para desmantelar la nación alemana desde dentro y desde
fuera.
En el siglo XXI, el concepto de conspiración se ha
reconfigurado bajo las etiquetas de la lucha contra el globalismo, las
referencias a la Agenda 2030 y la popularización de la teoría de la Gran
Sustitución (Le Grand Remplacement), formulada originalmente por el
autor francés Renaud Camus. Según esta narrativa, existe un consenso deliberado
entre élites financieras, organismos internacionales (como la ONU o la Unión
Europea) y políticos de izquierda para reemplazar progresivamente a la
población autóctona europea por población migrante, destruyendo la identidad
nacional y la soberanía.
En el debate político español, Santiago Abascal y los
voceros de Vox han incorporado de forma explícita este marco conceptual,
señalando a la Unión Europea y a los partidos tradicionales como cómplices o
ejecutores de una estrategia planificada.
Durante un acto político en Madrid en mayo de 2024, el
líder de Vox sintetizó esta cosmovisión conspirativa:
“Las élites globales de Bruselas y los
partidos que las obedecen han decidido promover una inmigración masiva que
amenaza nuestra seguridad y destruye nuestra identidad. No es un accidente ni
una casualidad; es un plan diseñado en despachos multiculturales para disolver
los Estados nación”.
De forma análoga, la formación recurre frecuentemente
a señalar a la Agenda 2030 o a los magnates internacionales como los
arquitectos de una transformación demográfica forzada que pretende reemplazar a
los trabajadores nativos.
Este mismo esquema retórico es reproducido por líderes
del mapa político internacional. Donald Trump en Estados Unidos y dirigentes
como Viktor Orbán en Hungría o Éric Zemmour en Francia señalan que la llegada
de inmigrantes forma parte de una conspiración electoral o cultural impulsada
por la "izquierda radical" y los fondos globales.
Donald Trump expuso esta idea durante una intervención
en Iowa a finales de 2023, reiterada durante su campaña:
“Permiten que entren millones de personas
porque quieren cambiar el tejido de nuestro país, quieren convertir a los
ilegales en votantes para consolidar un poder que los verdaderos
estadounidenses nunca les darían voluntariamente”.
Por su parte, Éric Zemmour, fundador del partido
francés Reconquête!, llevó la hipótesis a su enunciación más directa
durante un mitin en París en marzo de 2022:
“El Gran Reemplazo no es un mito ni una
teoría de la conspiración; es una realidad programada por élites irresponsables
que prefieren la mano de obra barata y la dilución de la patria antes que la
defensa de nuestra civilización”.
Tanto en la década de 1930 como en el presente, la
teoría de la conspiración cumple una función crucial: convertir un problema
social multifacético en una batalla existencial entre nosotros y ellos,
donde el compromiso democrático o el matiz moderado son presentados como actos
de traición a la patria.
Conclusión: El peligro democrático de la
normalización del chivo expiatorio.
El examen detallado de las estrategias retóricas del
nacionalsocialismo en la década de 1930 y de la extrema derecha actual revela
una evidente continuidad en los mecanismos de manipulación de masas.
Aunque el contexto histórico sea distinto y la jerga
biologista y racial haya sido sustituida por el lenguaje de la prioridad
nacional, la seguridad ciudadana o la defensa frente al globalismo, la lógica
interna permanece inalterada: trasladar la responsabilidad de las fallas
sistémicas a un grupo minoritario y vulnerable.
En el ámbito económico, tanto el marco del parásito
social de los años treinta como el del abusador de ayudas actual
buscan construir un dilema moral artificial entre la prosperidad del nativo y
los derechos fundamentales del extranjero.
En el ámbito de la seguridad, la criminalización
colectiva y las metáforas de invasión apelan al miedo primario de la
población para erosionar el consenso sobre el Estado de derecho y legitimar
medidas autoritarias o de excepción.
Asimismo, instrumentalizar las crisis reales de la
sociedad española, desviando el problema especulativo del mercado de la
vivienda o descontextualizando las complejas tensiones fronterizas en Ceuta
mediante mentiras y medias verdades, confirma que el verdadero objetivo no es
resolver los problemas de los ciudadanos, sino capitalizar electoralmente su
malestar.
El riesgo más grave para las sociedades democráticas
contemporáneas no es únicamente la presencia de formaciones extremistas en el
arco parlamentario, sino la gradual asimilación de sus marcos narrativos por
parte del centro político, los medios de comunicación y la opinión pública.
Cuando el discurso público acepta que la dignidad
humana o la cobertura de necesidades básicas deben estar supeditadas al origen
nacional o a la situación legal, se fracturan los principios universales de
derechos humanos sobre los que se construyó el orden democrático tras la
Segunda Guerra Mundial.
Identificar y desarticular estas estrategias
comunicativas no es solo un ejercicio de rigor periodístico e histórico; es una
exigencia ética para evitar que el miedo, la mentira y la estigmatización
vuelvan a convertirse en el motor de la política.
Me gustaría terminar con unas citas evocadoras como
cierre conectivo entre el pasado y el presente.
Para comprender la verdadera dimensión de esta amenaza
no basta con analizar la retórica de los demagogos; es imprescindible observar
la reacción de la sociedad civil. Las lecciones de la historia nos recuerdan
que la quiebra de los valores democráticos rara vez se produce por el fanatismo
de unos pocos, sino por la complacencia de la mayoría.
En su obra El Holocausto: Las voces de las víctimas
y de los verdugos, el historiador Laurence Rees explica cómo se consolidó
la aceptación del régimen nazi en la Alemania de los años treinta:
“si no eras ni
judío ni comunista o socialista, ni te oponías al nuevo régimen de algún otro
modo —si solo eras un buen alemán, un alemán decente interesado en el
renacimiento del país—, entonces no solo era casi seguro que ibas a estar a
salvo de la persecución, sino que era muy posible que de hecho aprobaras lo que
los nazis estaban haciendo”.
Hoy en día, la apelación al ciudadano de bien o al español
de bien frente al extranjero opera bajo la misma lógica seductora: la
ilusión de que los recortes de derechos y la violencia institucional solo
afectarán al otro, garantizando la tranquilidad de la mayoría nativa.
Sin embargo, el proceso de exclusión suele ser
paulatino y silencioso. Ian Kershaw, en su aclamado estudio Popular Opinion
and Political Dissent in the Third Reich, disecciona cómo la segregación de
las minorías fue asumida pasivamente por la población general mediante un
mecanismo de paulatino desapego moral:
“La consecuencia de todo ello para la conformación
de la opinión popular fue menos la creación de un odio dinámico que una
indiferencia fatídica hacia el destino de la población judía”.
Al igual que en el siglo pasado, deshumanizar al
inmigrante, despojándolo de su individualidad y encasillándolo como una amenaza
para el bienestar colectivo, es el paso previo para construir un caldo de
cultivo en el que la indiferencia generalizada permita el desmantelamiento
progresivo de las garantías democráticas.
Para quienes aún consideren que la estigmatización del
migrante es un problema ajeno que nunca llamará a su puerta, conviene recordar
los célebres versos del pastor luterano alemán Martin Niemöller:
“Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije
nada porque no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada porque no era
sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí”.
El camino hacia Auschwitz se construyó con
el odio, pero se pavimentó con la indiferencia.
Ian Kershaw.
P.D.: Si deseáis compartir este artículo os dejo el formato PDF para mayor sencillez.
Hasta la próxima
