Calvo Sotelo fue asesinado por el gobierno republicano

El 13 de julio de 1960, coincidiendo con el 24º aniversario de la muerte de Calvo Sotelo, Francisco Franco inauguró un monumento construido en su memoria. Ocupaba un lugar destacado al final de la Avenida del Generalísimo (Plaza Castilla) y representó la ofrenda del régimen al protomártir de la Cruzada emprendida el 17-18 de julio de 1936 contra los enemigos patrios.

Si vemos una postal antigua del monumento y la comparamos con otra actual comprobaremos los enormes cambios que se han producido alrededor de este monumento. El monumento es el mismo, pero todo a su alrededor es distinto.

El anterior párrafo es un magnífico símil para poder recoger las palabras del discurso que ofreció tal día el Caudillo y estudiar todas las cosas que el avance de la investigación histórica ha modificado, enterrando numerosos mitos divulgados por el régimen franquista.

Al final el artículo me quedó bastante extenso, pues abordo diferentes temas relacionados con los meses antes de la sublevación, por lo que te advierto que su lectura te llevará un rato largo.

El periódico del ABC del día 14 de julio de 1960 recogió el discurso que pronunció el Caudillo con motivo de la inauguración del monumento en memoria del político Calvo Sotelo. Decía lo siguiente:

“La muerte de Calvo Sotelo por los propios agentes encargados de la seguridad fue la demostración palpable de que, rotos los frenos, la Nación se precipitaba vertiginosamente en el comunismo. Ya no cabían dudas ni vacilaciones: el asesinato, fraguado desde el Poder, del jefe más destacado de la oposición, unió a todos los españoles en unánime y ferviente anhelo de salvar a España. Sin el sacrificio de Calvo Sotelo la suerte del Movimiento Nacional pudo haber sido muy distinta. Su muerte alevosa venció los naturales escrúpulos de los patriotas, marcándoles el camino de un deber insoslayable”.

Vamos a diseccionar el discurso en distintas partes, desmintiendo muchas de sus tajantes afirmaciones.

Calvo Sotelo fue asesinado por los propios agentes encargados de la seguridad.

En esta ocasión Franco no dijo nada que no fuera cierto. Oficiales encargados de velar por el orden público y salvaguardar la vida de los ciudadanos estuvieron implicados en el asesinato. Ahora bien,  esta participación de las fuerzas de seguridad del Estado en el crimen debemos matizarla un poco para comprender la esencia de la misma. En efecto, los asesinos de Calvo Sotelo estaban dirigidos por Fernando Condés, capitán de la Guardia Civil y algunos pertenecían al grupo de Guardias de Asalto.

La Guardia de Asalto era un grupo de seguridad creado por la República para mantener el orden público junto a la Guardia Civil y los carabineros. La mayoría de sus oficiales eran militares y aunque creado por la República no se puede considerar de ningún modo el brazo armado del Frente Popular.

José Castillo, teniente de la Guardia de Asalto, fue asesinado el 12 de julio de 1936, según Ian Gibson, por carlistas pertenecientes al Tercio de requetés de Madrid. Se basa en ello en la declaración de un participante indirecto en el atentado (que responde a las iníciales J.A.), quién nombró como probables asesinos a los carlistas Antonio Coello y Rafael García Cortés. La causa del asesinato sería vengar el disparo que realizó José Castillo contra José Luis Llaguno Acha, al que dejó gravemente herido. Una anónima llamada al padre del herido, advirtiéndole que su hijo había sido vengado, parece confirmar tal motivo.

 

La compañía del teniente Castillo era, según declaró uno de sus miembros (Aniceto Castro), bastante revolucionaria. Y fueron algunos miembros de su compañía los que perpetraron el asesinato de Calvo Sotelo la noche posterior, junto a civiles pertenecientes a las milicias socialistas. Éstos pertenecían a La Motorizada, una milicia de los socialistas madrileños y de la que Castillo era instructor.

Desde la muerte del capitán Faraudo varios militares habían propuesto tomar represalias contra personalidades de la derecha. Si ahora se llevó a cabo tal plan vengativo fue motivo de que la idea ya rondaba por la cabeza de ciertos militares izquierdistas.

El ministro de gobernación, Juan Moles, al contrario de lo que se indicó posteriormente por la propaganda franquista (memorias Gil Robles), nunca autorizó ningún plan semejante. Lo que se hizo fue pedir a la Dirección General de Seguridad un listado de falangistas fichados para proceder al registro de sus domicilios y, al arresto, si se encontraban pistas sobre el asesinato. En aquellos momentos, dadas las continuas amenazas falangistas que había recibido José Castillo desde hacía meses, nadie dudó en la implicación de este colectivo en el asesinato. Por tanto, se accedió a arrestar a falangistas fichados y entregarlos a la autoridad. Este relato de los hechos lo transmite Alfredo León Lupión, testigo presencial de la conversación mantenida entre Juan Moles y los capitanes Antonio Moreno Navarro, Antonio Puig Petrolani y Demetrio Fontán Cadarso.

En la camioneta Nº 17 de la Guardia de Asalto un heterogéneo grupo de militares y civiles izquierdistas fueron en busca de falangistas. Al no encontrar ninguno en sus domicilios pensaron en acercarse a la vivienda de Gil Robles, líder de la CEDA. Al no encontrarse en su domicilio fueron al de Calvo Sotelo, situado en la misma calle Velázquez, al que sacaron con engaños de su casa y le asesinaron camino del cuartel. El autor de los disparos fue, al parecer, Luis Cuenca. (Más adelante seguimos con este tema y la supuesta implicación gubernamental).

Un último apunte. Aunque el asesinato no tiene ningún tipo de justificación (ni tan siquiera por la venganza de un compañero), fue el único asesinato perpetrado por policías y militares de izquierda, sobre un miembro de la derecha española, con motivaciones políticas ajenas a sus tareas ordinarias de garantes del orden público. Es decir, estamos ante un caso excepcional y en ningún modo generalizable de la situación en España en aquella época (sobre datos de violencias en aquellos meses tenemos más información adelante).

La Nación se precipitaba vertiginosamente en el comunismo

Esta fue una de las excusas preferidas por el régimen franquista para justificar la legalidad de su levantamiento armado contra el gobierno republicano. En su lógica interna su sublevación no era tal, pues era el gobierno de la nación quién, desde el poder, subvertía los principios jurídicos en que se cimentaba la Sociedad Española; atentaba contra la integridad y fundamentos de la Patria; permitía una encubierta delincuencia y había disuelto las normas indispensables de conveniencia nacional. Al ejército no le quedó más remedio que asumir los poderes de la soberanía y defender la patria de los enemigos internos y externos. Y puesto que ellos ostentaban la defensa de la soberanía nacional eran sus enemigos, levantados en armas contra ellos, quienes eran los sublevados ilegales.

La amenaza de una dictadura del proletariado, el mito de la revolución comunista, inspirada por Moscú, formó parte integrante de los primeros esfuerzos intoxicadores de alto nivel que llevó a cabo la dictadura tan pronto como terminó la guerra civil. Para sustentar tales teorías se acudió a la mejor propaganda nazi, orquestada por el maestro Goebbels, y se ampararon planes conspirativos “soviéticos”, difundidos ampliamente por autores del régimen como Félix Maíz.

En 1963, el historiador estadounidense Herbert Rutledge Southworth demostró, en su ya mítica obra El mito de la cruzada de Franco, la falsedad del mito sobre la insurrección comunista que preparaban las izquierdas en 1936. Según investigó Southworth, el supuesto complot comunista que defendían los teóricos franquistas se basaba en cuatro documentos que no eran tales (históricamente hablando), pues se trataba de hojas mecanografiadas sin membrete ni firma.

Los dos que más se utilizaron para demostrar la conspiración, supuestamente secretos y robados, unas veces a anarquistas, otras a comunistas, no eran otra cosa que falsificaciones elaboradas para atemorizar a la burguesía del momento. La prueba definitiva de ello era su escaso secretismo, pues fueron publicados por el periódico Claridad el 30 de mayo de 1936. Este periódico socialista, cuyo director era Luis de Araquistáin, pretendió con su publicación demostrar la falsedad de tales documentos “secretos” y señalar la estrategia fascista para engañar al pueblo.

Respecto a la endeble tesis de la preparación de una revolución comunista en España reproduzco un fragmento elocuente de la obra de Southworth:

Si se estudian los primeros días de la guerra civil española, se ve enseguida la falta de preparación de los republicanos. El pueblo estaba aturdido, desorganizado y desarmado. En muchísimos sitios los militares rebeldes tomaron el poder en las primeras horas del alzamiento, sin que las izquierdas tuvieran tiempo de darse cuenta de lo que ocurría. Los republicanos, desgraciadamente, carecían de planes y de armas y no habían montado ninguna conspiración. Como observaba el embajador español en Londres, en una carta dirigida al Times el 5 de mayo de 1938: «Si Rusia había provocado concienzudamente la guerra, ¿cómo es que se olvidó Moscú de la cuestión esencial, ayudar a los partidarios españoles con armas?».

Luego, el viraje comunista del gobierno es algo que no se sustenta de ningún modo. Diversos estudios históricos muestran que el gobierno no se encaminó por vía revolucionaria alguna, sino que se limitó a retomar la senda reformista del primer bienio. No obstante, tal como advierte Francisco Sánchez Pérez: es muy habitual entre ciertos sectores “creer que todo lo que ocurrió en la guerra, en particular en la zona republicana, ya había sucedido antes de julio de 1936: las colectivizaciones de tierras y fábricas, las policías políticas y los centros de detención (las mal llamadas checas), los asesinatos políticos sistemáticos, la revolución social, las matanzas de frailes, la omnipresencia de milicianos en las calles”.

Centrándonos en la política social (la más proclive a la revolución) tenemos que indicar que el gobierno, republicano de centro-izquierda, dominaba el congreso frente a los partidos obreros, relacionados con las reivindicaciones callejeras y las huelgas. Su labor gubernativa, en los escasos cinco meses de labor, fue bastante moderada y nada radical. Desde un primer momento se tomaron como objetivos la reforma agraria, laboral y la lucha contra el paro.

Entre la medidas tomadas en el campo destacaron: la suspensión por decreto los desahucios para los arrendatarios, colonos o aparceros de fincas rústicas, si no eran por falta de pago; la condonación de multas por los jefes de servicios forestales a los infractores de la legislación de Montes; Los decretos de yunteros, que buscaba reponer en posesión de la tierra a los que ya la trabajaban como tales yunteros durante el año agrícola 1933-1934 o siguientes, expulsados de allí por el arbitrio del propietario y no por falta de pago; Una nueva intensificación de cultivos, siguiendo la exitosa experiencia de noviembre de 1932 de dar tierras por decreto a toda velocidad. Este decreto, nada arbitrario, hablaba de cuatro supuestos para realizar la expropiación: gran concentración de la propiedad, censo campesino elevado en relación con los habitantes, reducida extensión del término en comparación con el censo campesino y predominio del cultivo extensivo; Sustitución de la ley de 1935 por la reforma agraria original de 1932 y proyecto de una nueva ley de bases que garantizaba las indemnizaciones en todos los casos; Ayudas a los yunteros asentados y financiación de la reforma por la vía fiscal: se dieron normas para subvencionar el utillaje y las semillas, básicamente ayudas económicas de urgencia;  En general, se trataban de medidas que amenazaban a la oligarquía en el campo.

Respecto a las medidas laborales se incidió en la readmisión de despedidos, en la reducción del paro y en el restablecimiento de las relaciones laborales del primer bienio y sobre todo de los jurados mixtos. Aunque menos contundentes que las agrarias, su importancia también fue notoria entre la oligarquía a pesar de su impulso legal poco rotundo.

El PCE, por otra parte, era una fuerza marginal dentro del espectro político republicano y en ningún modo tenía hegemonía alguna (como luego adquirió en el conflicto armado) sobre los partidos republicanos de izquierda. Y durante los escasos cinco meses de gobierno su actitud fue de apoyo al Frente Popular, evitando acciones violentas que perjudicaran al gobierno y favorecieran a los contrarrevolucionarios. Es decir, su discurso se moderó y sus acciones le llevaron a la centralidad, viendo con buenos ojos caminar junto al gobierno “republicano burgués de izquierda” que presidía el país. Es más, continuamente denunciaron la impaciencia de los socialistas de izquierda y la tendencia al desbordamiento de los anarquistas, de los que se temía un putsch o la provocación a las fuerzas de orden público, como factores negativos desestabilizadores.

Tal como indica Fernando Hernández Sánchez en Los mitos del 18 de julio: “El PCE, por su parte, no tenía peso numérico, influencia política ni parlamentaria suficientes como para constituir una fuerza dispuesta al asalto del poder o para inducir a otros a tomarlo. Ni la línea política de la Komintern ni las prioridades geoestratégicas de la URSS apuntaban al desencadenamiento de una revolución proletaria en España”.

La revolución proletaria desapareció del horizonte inmediato relegada por la urgencia de combatir al fascismo, razón por la cual resulta ilógico pensar en el combate de una amenaza que ni el mismo PCE se planteaba en aquellos momentos.

Igualmente, tras la victoria del Frente Popular se creó un clima artificial de supuesta anarquía. El embajador norteamericano Bowers describió la puesta en marcha de una campaña contra el gobierno presentando un panorama de anarquía que no era tal.

De nuevo Fernando Hernández Sánchez en Los mitos del 18 de julio, insiste en este apartado: “Desde febrero, a la grave situación económica hubo que sumar la crisis artificial creada tras el triunfo electoral de las izquierdas. Previendo la aplicación de la reforma agraria, los grandes terratenientes decidieron abandonar las faenas agrícolas para la siguiente temporada. Se detectaron fugas de capitales, retirada de fondos bancarios, torpedeo contra el valor de la peseta y la amenaza de un cierre patronal si el gobierno obligaba a las empresas a pagar las indemnizaciones reconocidas a los represaliados de octubre”.

Respecto a la anarquía de los meses anteriores a la sublevación varios autores han matizado su importancia y su significación. Me voy a quedar con algunas conclusiones extraídas del libro Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la segunda República española (1931-1936) de Eduardo González Calleja.

Según el pormenorizado estudio de este autor, varios mitos franquistas se derrumban al analizar las cifras reales de muertos durante la República. Entre los datos más notorios está la demostración de que el momento de más violencia fue en el periodo contrarrevolucionario (1084 muertes en la Revolución de Asturias de las 2629 totales); que la conflictividad no estuvo presidida entre el capital y el trabajo, sino entre los trabajadores y las fuerzas del orden; que las violencias no se circunscribieron a la parcela política, sino también social y laboral; que de las 530 víctimas políticas, 484 pertenecían a la izquierda, razón por la cual se desmiente la supuesta persecución hacia las derechas; que muchas violencias fueron espontáneas y dirigidas a tomar la justicia por su mano;.

Las muertes de miembros de la izquierda principalmente resultan lógicas al pensar que el gobierno de Azaña temía más una revolución anarquista que una sublevación militar. El 74% de las víctimas fueron abatidas por miembros de la seguridad del estado, lo que también matiza la supuesta debilidad del gobierno en el mantenimiento del orden público.

José Luis Ledesma también sigue esta línea desmitificadora de la supuesta “primavera sangrienta de 1936”. Según sus palabras: “Nutriente real para el tópico eran las duras huelgas, episodios anticlericales, enfrentamientos y atentados de esos meses. Pero la lectura catastrofista que se hizo de esa situación real es desproporcionada, veía a sabiendas la paja solo en el ojo ajeno y estaba guiada por una estrategia de acoso y derribo al gobierno y a la propia República”.

Por tanto, conflictividad existía, pues tenemos testimonios de ella en personajes, de todo el espectro político, que la vivieron y sufrieron. Ahora bien, la labor del historiador es mostrarla en su justa medida, fuera de las exageraciones partidistas ideológicas. Las estimaciones actuales más acertadas cifran los muertos de aquellos cinco meses en 351 personas, un dato único en Europa y que muestra la violencia existente en la época.

Pero entre las muchas conclusiones a las que han llegado los estudiosos en este apartado concreto de nuestra historia destaca la conclusión de que más que dos Españas enfrentadas tenemos una multitud de grupúsculos distintos enfrentados. La mayor parte de sucesos violentos implicaron a una sola víctima y la violencia entre falangistas y extrema izquierda se redujo a un tercio del total de muertes de ese periodo. Los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga ni fomentaban ni aprobaban la violencia de los grupúsculos extremistas de izquierda. Y a partir de mayo la República había logrado restablecer parcialmente su autoridad limitando las movilizaciones callejeras. El éxito de este nuevo camino quedó en el limbo debido al alzamiento militar de julio.

Defender una época de anarquía fomentada por el gobierno en persecución de propietarios, empresarios o religiosos antes del levantamiento armado o el viraje hacia el comunismo del gobierno republicano fueron dos de los argumentos reiterativos con los que el régimen franquista justificó la “legalidad” de su sublevación. Y son dos argumentos, como hemos visto, falsos.

Escudarse en las violencias anteriores a la guerra como escenario ineludible al inicio de la confrontación armada es, cuanto menos, dudoso. Puso en jaque a la República e infundió un miedo atroz a numerosas clases medias y moderadas (tanto de derechas como de izquierdas), pero tal contexto no conducía inexorablemente a la guerra. Dada su atomización y carácter variopinto de la misma, el final control por parte del Estado hubiese llegado.

En este aspecto es interesante comparar esta sublevación armada militar con la producida en 1934 por elementos socialistas. En ambos casos, como muestran los documentos históricos, la sublevación ante la República se produjo como medida preventiva ante un enemigo común. Si en 1934 fue ante el estado autoritario que se pensaba impondrían las derechas, en 1936 fue ante la supuesta dictadura del proletariado que impondría la república de izquierdas. En ambos casos, la creencia era falsa.

El asesinato, fraguado desde el Poder, del jefe más destacado de la oposición, unió a todos los españoles en unánime y ferviente anhelo de salvar a España.

Aquí tenemos varios puntos distintos que comentar. Por un lado la reiterativa acusación sobre la implicación del gobierno en el asesinato. Esta afirmación se recoge, de forma explícita, en la sentencia final de la Causa General: “Ha de señalarse la circunstancia de que el Presidente de la República, D. Manuel Azaña; el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga; el Ministro de la Gobernación, Juan Moles Ormella; el Director General de Seguridad, José Alonso Mallol; el Presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio; el Comandante del Cuerpo de Asalto, Ricardo Burillo Stolle, y algunos oficiales del mismo que intervinieron en el asesinato, todos pertenecían a la masonería”.

La participación de Guardias de Asalto en el asesinato no creo que signifique, per se, un crimen de Estado. Es cierto que se trató de un crimen organizado por miembros de la seguridad del Estado, pero se valieron de su profesión para llevar a cabo una venganza ideológica. Es decir, se valieron de los medios puestos a su cargo por el Estado, para llevar a cabo sus propios objetivos personales. Algo similar a lo que hicieron algunos militares sublevados días después sin que por ello podamos achacar la sublevación al gobierno republicano.

No hubo orden del Estado para perpetrar este crimen (nunca se encontró tal documento) y en ningún modo, dado el modus operandi, se puede inferir una participación estatal. Más bien se trató de un acto de venganza ciega por parte de unos militares izquierdistas exaltados. Sólo así se entiende que participaran guardias rasos junto a personas uniformadas y civiles, o que se abandonara el cuerpo en el cementerio y se limpiara la camioneta.

Coincido con Gibson en la conclusión de la autoría conjunta del asesinato entre Condés y Cuenca, autor material de los disparos. Y ello en base al testimonio fundamental de Urbano Orad de la Torre. Este miembro de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) había remitido una nota a la Unión Militar Española (UME) tras el asesinato del capitán Faraudo, diciendo que de caer otro militar republicano procederían a vengarse matando a un destacado político de derechas.

Según este militar, tras conocerse el asesinato de José Castillo, se tomó la decisión de llevar a cabo la amenaza previa. El  28 de septiembre de 1978 el periódico El País publicó la versión de este militar:

“El 12 de mayo [sic] mataron a Castillo. Aquella noche se reunieron un grupo de militares, con rango desde teniente coronel a capitán, entre los que figuraban Barbetas [m'c] ,* Faraudo [ii'c ], Díaz Tendero y otros, y decidieron que había que cumplir lo dicho. Echaron a suertes y le toco al capitán Condes tomar el mando del grupo. Los guardias fueron voluntarios.

Tomaron una camioneta de Asalto con su chofer de servicio [...]. Fueron a buscar a Goicoechea y no estaba en casa. Dijo Condes que fueran a por Gil Robles, y tampoco estaba en su casa de la calle de Serrano [s/c]. Entonces, al pasar por la calle de Velázquez, un guardia dijo que allí vivía Calvo Sotelo”.

La premeditación del asesinato se puede comprobar también por la reacción de Condés ante el repentino asesinato por parte de Cuenca. En vez de extrañarse por lo sucedido se tomó la decisión de abandonar el cadáver en el depósito. Es imposible saber si Condés deseaba secuestrar o asesinar a Calvo Sotelo (los dos protagonistas murieron al inicio de la guerra), pero es muy posible la segunda opción. Luego, las palabras arrepentidas de Condés cuando les contó lo sucedido a importantes personajes del PSOE, como Indalecio Prieto, pueden interpretarse como sincera culpabilidad ante un suceso obligado a realizar en contra de sus valores morales. Todas las fuentes, por tanto, parecen corroborar la autoría del crimen en un grupo de militares izquierdistas y la nula participación gubernamental.

 

Y tenemos varios testimonios de Guardias de Asalto indicando el odio profundo que tenía el cuerpo al Presidente Casares Quiroga, razón por la cual se antoja imposible que nadie siguiera una orden de asesinato cursada por aquel, en caso de haberse producido. Pero además, sabemos que ante la noticia de la muerte de Calvo Sotelo, Casares Quiroga dijo: “¡Qué barbaridad, en menudo lio nos han metido!”. Además, los Guardias de Asalto dependían del Ministerio de la Gobernación.

Nadie del gobierno ordenó el crimen dado que, además de hundirles políticamente, resultaba totalmente contraproducente para la República. Tal asesinato favoreció tanto a los rebeldes que, aún hoy, muchos piensan en un asesinato planeado por los propios correligionarios de Calvo Sotelo. Teoría totalmente descabellada pero que sirve para entender, aunque sea indirectamente, la falta de veracidad a la hora de culpar al gobierno republicano de tal crimen.

Tal como concluye Ian Gibson en su obra, la investigación más profunda sobre aquellos sucesos: “Creemos, en definitiva, que aquel asesinato fue el resultado de una decisión tomada por algunos militantes de la UMRA, entre ellos el capitán Condes, siendo ejecutado por este y Cuenca sin que los otros ocupantes de la camioneta tuvieran conocimiento de lo que iba a ocurrir, y sin ninguna autorización, desde luego, de los dirigentes del Partido Socialista. Podemos afirmar, además, que la Guardia de Asalto, como tal, fue totalmente ajena al crimen, y que tampoco tuvieron nada que ver con él ni la masonería ni el Partido Comunista, a cuyas organizaciones no pertenecían ni Condes, ni Cuenca, ni ninguno de los jóvenes paisanos que estuvieron aquella madrugada en la camioneta número 17”.  

Por último, uno de los argumentos que se utilizaron para implicar al gobierno en el asesinato fue la falta de investigación del crimen. Pero diversos testimonios contradicen tal aseveración. Indalecio Prieto escribió que al día siguiente ya se sabía el nombre de los asesinos. Y el historiador Rubio Cabezas informó que la investigación fue obstaculizada por los oficiales superiores de la dotación que participó en el crimen. 

En efecto, Ian Gibson vuelve a mostrarnos que el retraso en la investigación, llevada a cabo por el juez de guardia, Ursicino Gomez Carbajo, se debió a personas muy concretas que actuaban por su cuenta y riesgo. En concreto el sorprendido chofer de la camioneta, Bayo Cambronero, (que negó su participación dada la trascendencia de lo que había sucedido durante su servicio) y el teniente Alfonso Barbeta, que le obligó a callar tal suceso valiéndose de su cargo superior. En ambas actitudes podemos encontrar el ánimo de intentar desligarse de un acto ilegal que les implicaba indirectamente. Ambos fueron detenidos posteriormente por encubrimiento.

El Tribunal Supremo nombró, al día siguiente a los crímenes, a dos jueces especiales para aclararlos. En la causa por el asesinato de Castillo entendería el magistrado Sanchez Orbeta; en la de Calvo Sotelo, Eduardo Iglesias Portal, quien se hizo cargo del sumario a la mañana siguiente. Además, el Gobierno emitió una nota tranquilizando al país y comprometiéndose a respetar la legalidad y aclarar la autoría de ambos asesinatos. Es más, se metió presión para tener el asunto aclarado antes de la próxima sesión de las Cortes, que se celebraría el 21 de julio.

El 17 de julio, el periódico Heraldo de Madrid, publicó que las investigaciones judiciales habían llevado a ordenar la detención de un implicado. Sabemos, a pesar de la censura periodística, que la orden de detención era sobre Fernando Condés. Además de la posible confesión del chofer detenido (luego puesto en libertad al comprobarse su total ignorancia sobre el asesinato), la viuda de Calvo Sotelo identificó la foto del  Guardia Civil como uno de los hombres que estuvieron en su casa y se llevaron a su marido. Además, se cursaron otras órdenes de arresto contra varias personas implicadas en el suceso, como por ejemplo el guardia que limpió la camioneta.

El inicio del Alzamiento la tarde del 17 de julio complicaría la resolución de un crimen que los jueces ya tenían bastante perfilado en cuanto a los culpables materiales del mismo.

Por tanto, investigación hubo, pero de ella apenas tenemos unos esbozos debido a un suceso lamentable que ocurrió unos pocos días después. Iniciada la guerra, milicianos socialistas entraron en el juzgado y se llevaron toda la documentación referente al caso. Fue el sábado 25 de julio y el relato de lo sucedido lo tenemos en base al testigo presencial Emilio Macarrón Fernández.

Ahora bien, tal sustracción no supuso dejar de investigar el asesinato. El 27 de julio de 1936 el Tribunal Supremo instó al juez a realizar las diligencias necesarias para recuperar el sumario y proseguir con la investigación. Pero en un contexto de guerra era muy complicado localizar a los encausados (muchos ya muertos en las primeras jornadas, tal como los dos principales encausados).

Aún así se siguió adelante con lo que se tenía, llegando a una conclusión preliminar bastante acertada el 7 de octubre, en la cual se especifica que los autores principales del asesinato eran Fernando Condés y Ángel Cuenca (aquí hubo un error de identificación en el nombre, pues sabemos que era Luis).

Nada parecido tenemos sobre los autores del asesinato del teniente Castillo, cuyo caso no pudo ser resuelto por los jueces de entonces y, posteriormente, no importó lo más mínimo al gobierno franquista.

Por último, Gil Robles, líder de la CEDA, nunca creyó en la implicación directa del gobierno. Aquí os dejo sus palabras: “Frente a lo que se ha escrito nunca dije que el gobierno estuviera comprometido con el crimen. Así lo afirmé de manera taxativa en la revisión de la Diputación Permanente del 15 de julio. Lejos de mi ánimo el recoger acusaciones en bloque y mucho menos lanzar sobre un Gobierno, sin pruebas, una acusación de esa naturaleza [...] Creía entonces y creo ahora que no existía complicidad del Gobierno” (José María Gil Robles: No fue posible la pazed. Ariel, Barcelona, 2006).

Si bien es cierto, también fue muy crítico con la actuación anterior gubernamental, culpándola moralmente del asesinato. En la sesión parlamentaria del 15 de julio dijo lo siguiente: “En el orden de la responsabilidad moral, a la máxima categoría de las personas le atribuyo yo la máxima responsabilidad y, por consiguiente, la máxima responsabilidad en el orden moral tiene que caer sobre el señor Presidente del Consejo de Ministros”.

Indicar que Calvo Sotelo era el líder de la oposición supone exagerar su relevancia política. José Calvo Sotelo había ocupado cargos políticos durante la dictadura de Primo de Rivera, destacando el de director general de Administraciones Públicas y el de ministro de Hacienda. Con la llegada de la República se exilió en el extranjero, regresando a España con el indulto promovido cuando gobernaba la CEDA. Integrado dentro del partido Renovación Española, liderado por Antonio Goicoechea, la máxima de esta agrupación monárquica era acabar con la República tanto por medios legales como ilegales (en este segundo camino pactaron importantes contratos militares con la Italia fascista para el inicio de la sublevación de 1936 mucho antes de las elecciones de aquel año).

En las elecciones de febrero de 1936 Renovación Española obtuvo 10 escaños (12 escaños tras las revisiones posteriores, lo que matiza que aquellas sólo favorecieran a las izquierdas), razón por la cual se comprende que la importancia política de Calvo Sotelo no era tan notoria como el franquismo quiso luego otorgarle.

Si debemos aceptar que se trataba de un orador incisivo y que en los meses previos al levantamiento incendió el Parlamento, junto a Gil Robles, con declaraciones que pretendían socavar la autoridad de la República frente a la sucesión de violencias que se produjeron tras las elecciones. Sin duda, su muerte violenta y el giro fascista inicial del franquismo en sus primeros momentos, hizo que sus discursos parlamentarios magnificaran su relevancia a posteriori, dado que estaban en consonancia con el recurso al Ejército para acabar con la falta de orden público y con el abierto apoyo al fascismo italiano.

Por último, como fue evidente, el asesinato no unió a todos los españoles unánimemente, pues de lo contrario la Guerra Civil Española no hubiera existido. Los unió en la condena al mismo, como prueban las declaraciones de todos los políticos de la época, fuera cual fuese su bandera. Pero ante la sublevación militar no se vio unión alguna, sino muy al contrario una desunión entre los leales al gobierno y los insumisos, cuyo empate técnico provocó la confrontación bélica.

Sin el sacrificio de Calvo Sotelo la suerte del Movimiento Nacional pudo haber sido muy distinta.

En este particular debo dar parte de razón a Franco. El mismo caudillo, según relatan biógrafos suyos como S. Payne o P. Preston, se terminó de convencer definitivamente  respecto a la unión a la sublevación militar que se produciría en breve. Y no sería el único que cambiaría de postura ante el asesinato del diputado monárquico.

Aunque lo anterior no debemos confundirlo con el inicio de la sublevación. Al contrario de lo que afirma Payne, el asesinato no fue el detonante. La sublevación ya estaba marcada en el calendario para finales de julio, tal como muestran los contratos de envíos de armas desde Italia y el envío del Dragón Rapide a primeros de Julio para transportar a Franco desde las islas Canarias al continente africano y ponerse al frente de las tropas allí presentes. Todo lo más aceleró su puesta en marcha, aprovechando la conmoción creada por el asesinato.

Según mi opinión personal, creo que la sublevación se hubiese llevado a cabo el 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, por ser una imagen muy elocuente de la “Cruzada” que deseaban iniciar los golpistas contra el enemigo comunista. Pero esto es una simple e humilde opinión personal, al contrario de todos los datos y opiniones expuestas por los diversos historiadores y basadas en documentación histórica.

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